Presidente Petro defiende contrato para su defensa en Estados Unidos por la Lista Clinton
El presidente Gustavo Petro defendió el contrato para su defensa en Estados Unidos por la Lista Clinton y aseguró que no se trata de una asesoría personal, sino de una práctica histórica del Estado colombiano.
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El presidente Gustavo Petro defendió el contrato suscrito para su defensa en Estados Unidos tras su inclusión en la Lista Clinton, luego de señalamientos que advertían sobre un supuesto acuerdo millonario destinado a proteger intereses personales del jefe de Estado y de su familia.
El mandatario aseguró que la contratación no tiene carácter individual y respondió que hace parte de una estrategia institucional del Estado colombiano.
La polémica se desató tras un mensaje en redes sociales que afirmaba que el Gobierno habría firmado un contrato cercano a los 10.000 millones de pesos con abogados estadounidenses para enfrentar la inclusión del presidente y de la primera dama, Verónica Alcocer, en la Lista Clinton.
Petro rechazó esa versión y respaldó la aclaración emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Explicación del Gobierno
En un comunicado oficial, el Dapre sostuvo que la defensa en Estados Unidos no corresponde a una gestión personal del presidente, sino a una asesoría especializada en sanciones financieras internacionales. Según la entidad, este tipo de contratos se ha utilizado de manera regular desde 1938 para proteger los intereses estratégicos del país.
El documento recordó que administraciones anteriores, incluidas las de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, recurrieron a firmas especializadas en Estados Unidos para fortalecer la interlocución internacional y prevenir riesgos financieros.
El Gobierno explicó que las medidas adoptadas por autoridades extranjeras, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), son decisiones administrativas y no procesos penales. Por esa razón, la asesoría contratada se enfoca en análisis normativos, evaluación de riesgos y recomendaciones estratégicas para evitar impactos en el sistema financiero y en la reputación del Estado.
Sobre el costo del acuerdo, la Presidencia señaló que el monto es proporcional a los riesgos institucionales que se buscan mitigar y que la modalidad de contratación está plenamente autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano. Además, indicó que el contrato cuenta con controles, productos verificables y supervisión permanente.
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