En el año 2023 se registraron 36 muertes en los calabozos policiales y de ese total 9 presos se quitaron la vida, lo que representa 25% de las muertes. Además, se registraron 3 huelgas de hambre, 4 motines y se contabilizaron un total de 533 personas fugadas
Este 26 de julio de 2024 se cumplieron 13 años desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y uno de los primeros resultados de este despacho es el hacinamiento de más de 173% en la población reclusa del país.
Así lo informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su reciente informe anual, donde destaca que en ese lapso “se han implementado 15 programas a cargo de cuatro ministros, quienes no han tenido la capacidad de solventar los principales problemas como hacinamiento, corrupción, violencia, atención médica, rehabilitación de infraestructura, entre otros flagelos que atentan contra los derechos humanos de la población penitenciaria en Venezuela”.
Muerte entre rejas
Durante 13 años de gestión murieron 3.423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica para padecimientos como desnutrición y tuberculosis, destaca el OP.
“Todo esto fue la punta del iceberg para documentar un año 2023 con un sinfín de problemas que quedaron evidenciados en el Informe 2023: Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano”, señala el documento.
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El hacinamiento
En Venezuela existen 52 recintos carcelarios con una capacidad instalada de 26.238 plazas, pero para el año 2023 solo 35 de ellos estaban operativos (34 de hombres, 1 de mujeres y 16 anexos femeninos), según lo documentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), como consecuencia de que 17 recintos fueron clausurados desde el año 2003.
En ese sentido, se redujeron las plazas en las cárceles y su capacidad de instalación es de 17.088, pero existe una población reclusa de 29.565, lo que representa un riesgo crítico de hacinamiento de 173.1%.
“Las cifras oficiales engañan”
Aunque ha disminuido la población reclusa en las cárceles de Venezuela, “no se pueden dejar engañar por estas cifras”.
Así lo enfatizó Humberto Prado, director del OVP, quien explicó cómo Iris Valera, exministra del Servicio Penitenciario, publicó una circular en donde se indicaba que era este despacho quien autorizaba el ingreso de los presos a los penales, causando así que las personas privadas de libertad se mantuvieran en calabozos policiales de diversos cuerpos de seguridad.
En estos centros de detención preventiva “han tenido que improvisar calabozos, incluso en las áreas administrativas, para meter detenidos”.
En tanto, el problema fue trasladado a diferentes cuerpos de seguridad, según explicó Prado, quien además señaló que anteriormente quien decidía el destino de las personas detenidas era un juez, pero ahora es el Ministerio que ni siquiera se preocupa por otorgar los cupos en los plazos establecidos.
Asimismo, el director del OVP destacó que los policías están formados para la seguridad ciudadana o la investigación criminal y no para la custodia permanente de una persona en los calabozos, tergiversando su función. “Lo que han creado es un problema mayor, porque no existen políticas penitenciarias”, sentenció.
Retardo procesal
Para el año 2023, en los penales se encontraban un total de 27.022 hombres privados de libertad y 2.543 mujeres, de los cuales 19.217 se encuentran procesados y 10.348 penados, por lo que se evidencia que existe una barra invertida.
El retardo procesal está por el orden del 65%, pero no se trata de un problema solo del Ministerio de Servicio Penitenciario, sino también del sistema de justicia, del Ministerio Público y de las defensorías públicas. “Es un problema multifactorial, con todos los planes que se han creado en estos 13 años y no hay una persona que tenga capacidad para resolverlo”, destacó Humberto Prado.
Tal como lo denunciamos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) con frecuencia, las condiciones de reclusión en las cárceles venezolanas son inhumanas. Existe mucha corrupción, grupos vulnerables que no son tomados en cuenta y usan a los presos políticos como herramienta de represión.
En otro orden de ideas, en el año 2023 fueron intervenidas siete cárceles con la excusa de desarticular las mafias, pero se recuerda que en esas intervenciones no se mostró el traslado de ninguno de los pranes a los tribunales para ser procesados por la cantidad de delitos cometidos dentro de las prisiones. “Solo hay silencio al respecto”, puntualizó el director del OVP.
Además, indicó que se hicieron traslados masivos sin considerar los altos índices de hacinamiento existentes. “La falta de capacidad y gerencia la sufren los presos y los familiares”, agregó Prado.
Sin comida ni agua
La calidad de la comida suministrada en las cárceles venezolanas deja mucho que desear, pues no cumplen con las ingestas calóricas establecidas por la OMS que son de 2.000 a 2.500 para hombres, y de 1.500 a 2.000 para las mujeres. Desde el OVP hemos podido evidenciar como en las cárceles de Venezuela se pasa hambre, y solo la alivianan las familias de los privados de libertad que con mucho esfuerzo los proveen de insumos.
Esta situación ha creado un sistema de corrupción donde se cobra por comida, agua potable, entre otros servicios básicos. En el año 2023 también aumentaron las denuncias de cobros por parte de funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario, lo que se ha evidenciado durante años como parte de una red de corrupción penitenciaria.
De igual manera, el año pasado, se documentaron violaciones al derecho a la salud en todas las etapas. No existe un médico de turno en las cárceles, donde solo cuentan con personal de enfermería sin los insumos necesarios para atender a la población reclusa.
De la misma manera, desde OVP registramos que en 9 estados del país hubo un total de 31 presos fallecidos por condiciones de salud, siendo Lara el estado con mayor número de casos, seguido de Carabobo, Aragua y Táchira.
De un total de 61 privados de libertad fallecidos durante el 2023 en las cárceles, el 51% son por condición salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos. En los calabozos policiales se registraron 25 muertes por salud.
Asimismo, vimos con preocupación cómo las cifras de suicidio en presos han sufrido un aumento. En el año 2023 registramos 36 muertes en calabozos policiales y de ese total 9 fueron suicidios, lo que representa el 25% de las muertes.
Además, se registraron 3 huelgas de hambre, 4 motines y se contabilizaron un total de 533 personas fugadas. Mientras, en los calabozos policiales se registraron 5 huelgas de hambre, 14 motines y 104 presos fugados.
Las mujeres sin protección
Las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad son preocupantes, pues se han registrado vulneraciones de sus derechos como el aislamiento, la falta de atención a las mujeres lactantes, además de la violencia sexual, en especial en los anexos femeninos.
Para el año 2023 se registró que los derechos básicos de las mujeres son llevados por los recintos carcelarios como si fueran beneficios.
Un total de 2.543 las mujeres privadas de libertad en Venezuela están distribuidas entre la única cárcel para mujeres y los 16 anexos que se encuentran adosados a recintos carcelarios para hombres. En esta población se registra un 107.51 % de hacinamiento.
Los presos políticos sufren mayor represión
El año 2023 cerró con 288 personas detenidas por causas políticas y su reclusión está marcada por los constantes casos de represión y tortura, situación que se extiende a los familiares.
Durante el año pasado se registraron 14 huelgas de hambres protagonizadas por presos políticos, quienes sufren las mismas calamidades que el resto de la población penitenciaria, incluso son objeto de mayor represión durante su reclusión.
En este Informe 2023: Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano recomendamos al Estado que cumplan con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Nacional y sus principios rectores, que garanticen el derecho a la salud mental de la población privada de libertad, garantizar una alimentación sana y balanceada, entre otros.
