Procuraduría abre indagación por contrato de defensa de Petro tras su inclusión en la Lista Clinton
La Procuraduría abrió una indagación por un contrato de defensa jurídica internacional tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, por presuntas irregularidades y posible detrimento patrimonial.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por un contrato suscrito para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro, luego de su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos. El proceso busca establecer si hubo irregularidades en el uso de recursos públicos y un eventual detrimento patrimonial en la contratación realizada por la Presidencia de la República.
El contrato, firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue celebrado con la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, por un valor cercano a los 10.000 millones de pesos y bajo la modalidad de contratación directa. La decisión quedó bajo la lupa tras una denuncia presentada por la congresista Katherine Miranda.
Contrato cuestionado tras la inclusión en la Lista Clinton
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, el acuerdo fue suscrito el 9 de enero de 2026 y tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del mismo año. La contratación se realizó después de que el presidente Petro fuera incluido en la Lista Clinton, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La Procuraduría advirtió que el contrato establece un esquema de pagos elevados concentrados en un periodo corto, sin que se evidencie una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de acudir a una firma extranjera ni la imposibilidad de recurrir a capacidades institucionales del Estado o expertos nacionales.
Posibles vulneraciones a la contratación pública
El ente de control señaló que la contratación directa y la ausencia de garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos del Presupuesto General de la Nación, generan cuestionamientos frente al principio de planeación y al uso adecuado de fondos públicos.
Con estos elementos, la Procuraduría busca determinar si la contratación de la defensa internacional, derivada de la inclusión en la Lista Clinton, pudo vulnerar los principios que rigen la contratación estatal o si se destinaron recursos públicos a la atención de intereses de carácter personal.
La Procuraduría precisó que la indagación se encuentra en una etapa inicial y que su propósito es recopilar información para establecer si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. El proceso permitirá esclarecer responsabilidades y definir si se configuró un posible detrimento patrimonial.
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