Provea alerta por posibles abusos contra la población por despliegue de tropas en la frontera
La ONG cuestiona el uso del concepto de "enemigo interno" sin discriminación
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El despliegue de unos 15.000 efectivos anunciado por Nicolás Maduro, en parte de la frontera con Colombia, «abre las puertas» a «nuevos abusos contra pobladores» de zonas limítrofes con este país.
La advertencia la hizo la ONG Provea, en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde aclara que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía, despliegues militares pasados «han demostrado su ineficacia y, lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares», han «elevado los abusos contra los pobladores fronterizos».
Provea asegura que «una práctica arraigada en la dinámica estatal» es la «imposición de la seguridad territorial hegemónica», caracterizada, por el «privilegio del elemento militar-policial (la ‘mano dura’) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional».
«La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional», señala la ONG.
Provea recordó que el gobierno promulgó en 2015 ocho decretos de Estados de excepción, que «afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos».
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Los argumentos
Los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos» contra la moneda nacional, el bolívar, y contra «los bienes adquiridos con divisas», subrayó la ONG en el texto.
Sin embargo, eso «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros’, ‘contrabandistas’ y ‘traidores a la patria'».
Ahora, la organización alertó que la «nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos».
«Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población, generando con ello la revictimización de cientos de familias», agregó Provea.
Con información de EFE
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