Provea: la amnistía "NO ES UNA GRACIA" del Estado, hubo detenciones arbitrarias por ejercer derechos
“Las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación”.
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La ONG Provea saludó el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de aprobar una ley general de amnistía, pero aclara que la medida no se debe asumir como una “gracia” del Estado, puesto que las personas a las que beneficia fueron arbitrariamente apresadas por ejercer sus derechos.
“Si bien es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, dijo la organización en su cuenta en X.
“Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas”, agregó.
Asimismo, recuerda que “tras el anuncio de numerosas liberaciones, hecho el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones a cuentagotas y la ausencia de transparencia oficial respecto al proceso agravaron en días recientes la angustia y la incertidumbre de los familiares de presos políticos, prolongando la situación de trato cruel, inhumano y degradante que han padecido durante un largo período”.
Provea remarca que “las restricciones a los derechos a la libre asociación y manifestación pacíficas, la libre expresión, el derecho a la sindicación, entre otros, mediante la construcción de un andamiaje jurídico represivo, el control social a través del uso ilegal de la fuerza policial y militar y la instrumentalización de un sistema de justicia cooptado por el Ejecutivo y el partido de gobierno, condujeron a una escalada sin precedentes de graves abusos contra los derechos humanos”.
Sostiene que “un gran número de las personas arbitrariamente detenidas en los últimos años, y sobre todo tras la escalada represiva post-electoral, fue víctima de desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violaciones sistemáticas y generalizadas del debido proceso y el derecho a la defensa”.
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Deben pedir perdón
Por otro lado, la ONG asevera que “no es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la justicia por los abusos cometidos”.
Por ello, afirma que “las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación”.
Como ha advertido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las "amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento... corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacte en forma apropiada".
Esto debe incluir el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que se han cometido graves abusos y de que están dispuestos a investigar y sancionar a los responsables de dichos crímenes para avanzar en una reconciliación y convivencia genuina.
Esto no es suficiente.
Asimismo, Provea recuerda “a las autoridades que, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, las amnistías no podrán favorecer a actores involucrados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos”.
Finaliza diciendo que “corresponde que las autoridades concreten la liberación plena e inmediata de todos los privados de libertad por razones políticas, sin más dilaciones indebidas, para avanzar en la anunciada reconciliación nacional y detener la angustia de cientos de familias”.

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