PROVEA: VENEZOLANOS enviados a EL SALVADOR no tienen garantizados sus derechos
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«Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías»
Luego del envío de 238 venezolanos, aunque sean miembros del tren de Aragua, hay ONG en Venezuela que alertan que estas personas no tienen garantizados sus derechos.
Una de esas ONG en Provea, que alerta que «la administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso».
En su cuenta en X, Provea señala que estas personas están «siendo sometidas a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa».
Explica la organización que «no se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela de donde estas personas huyeron. Pero, son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».
Denuncia también que «el envío de 238 venezolanos, acusados de presuntamente ser miembros del Tren de Aragua, se hizo contra la orden de un juez federal que prohibió el traslado».
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La administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso.
— PROVEA (@_Provea) March 16, 2025
Siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa.… pic.twitter.com/8amn6T6Je5
Ante esas circunstancias, Provea hace varias preguntas: «Enfrentándose a un sistema judicial incierto: ¿sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal», advierte.
Provea recomienda que «Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías».
Finaliza diciendo que «la migración forzada de 7.7 millones de venezolanos es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas de Maduro, que han cerrado cualquier salida democrática. Migrantes y refugiados tienen derechos».
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