Relatora de la ONU preocupada por la Ley LIBERTADOR: se usará para perseguir a la sociedad
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«Este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia»
«Con preocupación veo que fue aprobada en la Asamblea Nacional la ‘Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela’ cuyo artículo 23 podría ser utilizado, para perseguir a la sociedad civil y activistas».
La advertencia la hizo la relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero.
Romero agregó que «el artículo crea un ‘registro con carácter nacional’ para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche ‘estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado’, e impone ‘medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo’ para mitigar el ‘perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población».
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#30Nov
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 30, 2024
?️ "PREOCUPACIÓN"
La relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación por la aprobación de Ley Bolívar para castigar a quienes promuevan sanciones contra la Administración de Nicolás Maduro
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Destaca que «este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil».
La ley, promulgada este viernes 29 por Nicolás Maduro, impone penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones al país.
Además, contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para estas personas.
Incluye la inhabilitación política de 60 años a quienes incurran en estos «delitos».
La norma alcanza a los medios de comunicación, tradicionales o digitales, que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela».
También serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
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