Revelan carta del "Pollo Carvajal" donde habla de los negocios con armas entre España y Venezuela
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THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva a una carta manuscrita redactada desde prisión por Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar del régimen chavista. La misiva fue enviada durante su estancia en el centro penitenciario de Estremera, donde permaneció recluido entre 2021 y 2023. En el escrito, Carvajal confirma que en las operaciones de compraventa de material bélico entre España y Venezuela se cobraban comisiones de manera sistemática.
Esta revelación sale a la luz en un contexto en el que el exmilitar buscaba adquirir documentación confidencial sobre la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Morodo.
Dicha causa judicial concluyó con la condena por delito fiscal de Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Caracas durante el mandato de Zapatero, a raíz de cobros irregulares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según ha revelado en exclusiva este periódico, El Pollo solicitó estos archivos a un antiguo alto cargo de la administración chavista, apelando a la urgencia de la transacción. «La letrada me estuvo planteando tu proposición. Te comento que no tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente», arranca la carta redactada de su propio puño y letra.
No obstante, a renglón seguido, el antiguo responsable de los servicios secretos añade una precisión determinante: «De eso me interesa algún soporte siempre y cuando se pueda deslindar del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela. Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado que van implícitos en esa negociación, como las capacidades y tecnologías de esos equipos».
El origen de esta controversia se remonta a 2004, cuando el entonces ministro de Defensa español, José Bono, suscribió un acuerdo bilateral con Hugo Chávez para el suministro de 12 aviones militares y ocho embarcaciones de guerra por un importe global de 1.700 millones de euros, tal y como cuenta Álvaro Nieto en el libro Conexión Caracas-Moncloa.
Aquellas negociaciones contaron con la mediación activa de Raúl Morodo, embajador en Caracas y persona de estrecha confianza de Bono, con quien mantenía una relación de amistad fraguada en su etapa de militancia común en el Partido Socialista Popular (PSP).
Aquel acuerdo bilateral encendió inmediatamente las alarmas diplomáticas en Washington. Las autoridades norteamericanas contemplaban con profunda inquietud los movimientos del régimen bolivariano y efectuaron una protesta formal ante el Ejecutivo español. La razón técnica estribaba en que las aeronaves objeto del contrato integraban un software con tecnología de origen estadounidense cuya licencia prohibía taxativamente la reventa o transferencia a terceros países sin autorización expresa de la Casa Blanca.
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Aunque en una primera instancia José Bono restó trascendencia a las advertencias de Estados Unidos, la presión diplomática terminó por bloquear la operación original. Ante la imposibilidad de obtener las licencias de exportación requeridas por Washington, el Gobierno español se vio forzado a retirar del paquete de venta las 12 aeronaves. Paralelamente, los astilleros tuvieron que rediseñar el equipamiento de los ocho buques de guerra —cuatro patrulleros y cuatro unidades de vigilancia oceánica— para sustituir los componentes bajo propiedad intelectual estadounidense y evitar así una fuga tecnológica hacia el régimen venezolano. Tras estos ajustes estructurales, la cuantía final del contrato armamentístico se renegoció en 1.207 millones de euros.
Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tras su ruptura con el régimen y posterior huida del país en 2017, entregó a la CIA y a Interpol un expediente que ponía en entredicho las cifras oficiales presentadas por los gobiernos.
La documentación revelaba que las arcas públicas venezolanas habían desembolsado en realidad un montante de 1.249 millones de euros por el citado material naval. La divergencia de 42 millones de euros entre el coste real de la adjudicación y la suma transferida por Caracas obedecía al pago de mordidas canalizadas a través de una firma intermediaria denominada Rebazve Holding.
La afloración de este desfase patrimonial motivó la apertura de diligencias judiciales en los tribunales españoles. Al tratarse formalmente de un convenio directo entre Estados, la normativa prohibía la intervención de comisionistas o agentes privados en la transacción.
Las pesquisas económico-financieras acreditaron que la firma Rebazve percibió los fondos en una cuenta bancaria radicada en Suiza para, posteriormente, redistribuir los importes entre diversos beneficiarios. Entre los receptores de estas transferencias figuraban Javier Salas, que ostentó la presidencia del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y Antonio Rodríguez-Andín, expresidente de la Compañía Trasatlántica Española.
En las fases iniciales de la instrucción, la Justicia imputó diversos delitos económicos a Salas, Rodríguez-Andín y Juan Pedro Gómez Jaén, quien ocupaba la presidencia del astillero público Navantia cuando se cerró el pacto. A pesar de los indicios, tras varios años de indagaciones, la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento del procedimiento judicial con el argumento de que las partidas correspondientes a las comisiones no se detrajeron de fondos del Tesoro público español.
El auto de archivo, dictado el 12 de enero de 2021, dio por probado que existió el abono de 42 millones de euros en concepto de comisiones ilegales, señalando que al menos 12 millones recalaron en poder de Salas y Rodríguez-Andín. El importe restante fue transferido a ciudadanos de nacionalidad venezolana a través de un entramado societario offshore cuyas rutas bancarias se perdieron en diferentes jurisdicciones internacionales sin que se pudiera precisar la identidad final de los receptores.
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Teresa Gómez
Durante su proceso de extradición a Estados Unidos en 2021, Hugo Carvajal se ofreció a colaborar con los magistrados de la Audiencia Nacional y manifestó poseer información sobre esta trama irregular. En sus declaraciones, el antiguo responsable de la inteligencia militar llegó a señalar directamente a los exministros españoles Miguel Ángel Moratinos y José Bono como hipotéticos destinatarios de la red de corruptelas, si bien en aquel momento no aportó ningún soporte documental que respaldara sus acusaciones. Según ha confirmado ahora THE OBJECTIVE, la negativa del militar a entregar dichas pruebas a la Justicia española se debió al temor fundado de incurrir en un nuevo tipo penal: la revelación de secretos de Estado vinculados al equipamiento estratégico de las Fuerzas Armadas.
Por esta razón, El Pollo Carvajal optó por acotar su estrategia defensiva y centrarse prioritariamente en los documentos que vinculaban al expresidente Rodríguez Zapatero con las actividades del caso Morodo.
Según confirman fuentes solventes conocedoras de la negociación a THE OBJECTIVE, la transacción económica planteada por Carvajal en la carta no quedó en una simple intención preliminar. El exmilitar llegó a hacer efectiva la compra de los archivos que guardaba el antiguo dirigente chavista con el propósito de armar una base probatoria sólida frente a las autoridades judiciales. Aunque Carvajal conocía desde dentro los engranajes del régimen bolivariano, requería de evidencias documentales cotejables para dotar de solidez legal a sus testimonios. Las mismas fuentes confirman que parte de este material probatorio ha sido entregado posteriormente a los fiscales e investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con información de The Objective
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