Senadora Paola Holguín demanda creación de Franja Binacional entre Colombia y Venezuela
La senadora Paola Holguín demandó la creación de la Franja Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela, alegando que el acuerdo debe pasar por el Congreso y la Corte Constitucional.
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La Franja Económica Especial Binacional firmada entre Colombia y Venezuela el pasado 17 de julio en Caracas enfrenta su primer obstáculo jurídico. La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el memorando de entendimiento que da origen a esta iniciativa.
La legisladora argumenta que, por el alcance material y normativo del acuerdo, este no puede considerarse un documento político sin efectos vinculantes. Por el contrario, sostiene que se trata de un instrumento internacional con capacidad para generar obligaciones jurídicas, lo que obliga a que sea sometido a la aprobación del Congreso y al control de la Corte Constitucional.
Argumentos jurídicos de la demanda
En su recurso, Holguín se ampara en jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y en fallos previos de la Corte Constitucional, como las sentencias C-400 de 1998 y C-710 del mismo año. Según la senadora, estos antecedentes confirman que acuerdos de esta naturaleza deben surtir los mismos trámites que cualquier tratado internacional.
La acción pública de inconstitucionalidad señala dos cargos principales: la vulneración de las facultades del legislador en materia de política exterior y el desconocimiento de las reglas orgánicas establecidas en la Ley 5ª de 1992. La demanda solicita, en consecuencia, que la Corte Constitucional declare la obligatoriedad de la aprobación legislativa antes de que el acuerdo produzca efectos jurídicos en Colombia.
La Franja Económica Especial Binacional fue presentada por los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro como un espacio de integración para promover el desarrollo en la frontera y fortalecer el comercio binacional. Sin embargo, para Holguín, el memorando abre la puerta a compromisos que podrían vulnerar la soberanía y alterar el equilibrio de poderes en Colombia.
La senadora advierte que el acuerdo traslada competencias del Estado colombiano hacia un esquema binacional sin contar con el aval del Congreso. “No es un simple compromiso programático, sino un instrumento que crea obligaciones para las autoridades nacionales”, afirmó.
Postura del Gobierno colombiano
El presidente Gustavo Petro ha defendido la creación de la Franja Económica Especial Binacional, señalando que constituye un paso estratégico para reactivar la economía en las regiones fronterizas y avanzar en la construcción de una zona de paz. Hace un mes, el mandatario subrayó que la iniciativa busca consolidar proyectos conjuntos en materia de energía, transporte y producción agrícola.
Desde el Ejecutivo, la propuesta es vista como una oportunidad para dinamizar la relación bilateral tras años de ruptura diplomática. Sin embargo, sectores de la oposición han manifestado que el acuerdo podría terminar favoreciendo intereses políticos y económicos de Caracas más que de Bogotá.
La demanda interpuesta por Holguín pone ahora en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre si el memorando debe pasar por el trámite legislativo. El alto tribunal tendrá que determinar si el documento constituye un tratado internacional con efectos obligatorios o si puede mantenerse como un acuerdo de cooperación de carácter político.
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