Temores de migrantes venezolanos se trasladan de Florida a Nueva York y estas son las razones
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Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que durante las últimas semanas han estremecido a la ciudad de Doral en Florida, encendieron también las alarmas entre miles de venezolanos de Nueva York. Aunque el temor no se manifiesta de la misma manera en las dos ciudades, porque afecta a comunidades construidas bajo circunstancias totalmente diferentes, publicó el Diario de Nueva York
En Doral, conocida también como ‘Doralzuela’ por ser uno de los enclaves venezolanos más importantes de Estados Unidos, la preocupación se hizo visible en las calles: inmigrantes detenidos durante sus rutinas cotidianas, familias que temen salir de sus casas y denuncias de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes que terminaron bajo custodia federal.
En la Gran Manzana, la preocupación adopta otros matices. No existe la misma concentración geográfica de venezolanos en un solo vecindario, ni la cooperación local con La Migra que caracteriza a Florida. Las leyes santuario limitan la participación de la policía y otras agencias municipales en la aplicación de las normas migratorias federales.
Pero eso no convierte a la ciudad en un refugio absoluto. El temor se concentra en las citas migratorias, las audiencias en 26 Federal Plaza y lo complicado que es para cualquier migrante sobrevivir aun teniendo un trabajo.
En este contexto, hay un grupo en específico que tiene razones para estar muy angustiado sobre su futuro: para miles de venezolanos que atravesaron la frontera sur durante la crisis migratoria de 2022 a 2024, presentarse ante las autoridades significa descubrir que los documentos que les permitieron trabajar, no son necesariamente suficientes para permanecer. Y que ciertos cambios políticos en el país petrolero empiezan a cambiar la forma en que los oficiales de migración abordan la situación del país. Específicamente para quienes solicitaron asilo político tras declarar que tienen miedo a regresar.
“Si tantos políticos de alto perfil están regresando públicamente a Venezuela, ¿por qué usted no puede? fue una de las primeras preguntas que me hizo el oficial de asilo en la entrevista que estuve esperando por nueve años”, relató a El Diario un caraqueño luego de varias semanas de haber acudido a su entrevista en Manhattan.
Esta pregunta empezó a adquirir fuerza después de la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y del retorno público y ampliamente celebrado de exalcaldes, gobernadores y dirigentes opositores que durante años afirmaron desde el exilio que eran víctimas de persecución.
Como destacan varios activistas, la reciente imagen de una figura política atravesando libremente un aeropuerto está fortaleciendo la narrativa de que Venezuela “se arregló” y que ese régimen ahora encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, dejó de representar un peligro para miles de solicitantes de asilo sin notoriedad, contactos, ni posibles garantías políticas.
Ahora el complicado desafío consiste en demostrar por qué el riesgo particular de cada solicitante no desapareció.
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Dos experiencias migratorias
La mayoría de la comunidad venezolana del sur de Florida surgió de redes familiares, profesionales, empresariales y políticas que facilitaron la llegada e integración de sucesivas oleadas desde los años 80.
En cambio, Nueva York experimentó otro fenómeno. Una proporción visible de los venezolanos que arribaron desde 2022 cruzaron el Darién y la frontera sur. Muchos llegaron a la deriva dependiendo inicialmente de centros humanitarios y albergues municipales.
La promesa que circulaba durante el trayecto desde Suramérica estuvo marcada por la desinformación: en Nueva York encontrarían techo, comida y ayuda para obtener documentos.
La ciudad efectivamente desplegó una operación humanitaria sin precedentes. Más de 239,000 solicitantes de distintas nacionalidades recibieron servicios entre 2022 y 2025. Se pondera que más del 60% de estos migrantes eran venezolanos. En el lenguaje municipal a todos se les denominó como “solicitantes de asilo”
Como se puede recoger en muchos testimonios, para muchos ciudadanos de este país caribeño, esa política de brazos abiertos creó una expectativa equivocada: interpretaron esa ayuda municipal de una ciudad santuario, como el primer paso de una regularización prácticamente garantizada.
“Fábrica” de solicitantes de asilo
Ante esta coyuntura, Niurka Meléndez, cofundadora de Venezuelan and Immigrants Aid (VIA), define ese periodo que puso incluso contra las cuerdas al presupuesto municipal, con una expresión: “Nueva York se convirtió en una especie de fábrica de solicitudes de asilo. Miles asumieron que porque los dejaron pasar por la frontera, los recibieron en hoteles y los ayudaron con los papeles, automáticamente tenían resuelto su asunto migratorio”.
En efecto, las jornadas legales financiadas por la Alcaldía permitieron a miles de personas presentar documentos dentro de los plazos correspondientes. Pero como precisan las leyes, llenar un formulario, hacer una solicitud de asilo, recibir una tarjeta de Seguro Social y un permiso de trabajo no significa que el Gobierno hubiera reconocido como tal la existencia de una persecución.
Meléndez sostiene que numerosos expedientes fueron construidos alrededor de la pobreza, el hambre, la falta de medicinas o la inseguridad general, pero aunque esas circunstancias humanitarias justifican la decisión de emigrar, por sí solas no satisfacen la definición legal del asilo.
“Miles terminaron solicitando protección porque no podían sostenerse económicamente en Venezuela. La ley exige demostrar persecución pasada o un temor de persecución futura vinculado con la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social”, recordó la activista quien desde 2015 trabaja de cerca con solicitantes de esta protección migratoria.
El asilo no desapareció
Pero, como insisten activistas y abogados, el nuevo escenario no significa que el asilo haya desaparecido para los venezolanos.
La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó el 4 de septiembre, en ‘Matter of A-E-V-M’, que la salida de Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio relevante en las condiciones del país. La decisión obliga a examinar cómo esa transformación afecta el riesgo específico de cada solicitante.
En los hechos, no se declara que Venezuela sea segura para todos, ni ordena rechazar automáticamente los casos. La propia Junta advirtió que un cambio de liderazgo nacional no elimina necesariamente un temor fundado de persecución.
En este sentido, el abogado Luis Cortes Romero explica que la decisión elevó la exigencia probatoria, pues cada solicitante debe demostrar que las personas o instituciones temidas permanecen con capacidad e interés para hacerle daño.
Asimismo, la abogada Denisse Ilabaca coincide en que los casos dependerán ahora, con mayor rigor, de pruebas individualizadas. El regreso de un político conocido puede ser considerado dentro de las nuevas condiciones del país, pero no determina la seguridad de una persona amenazada por un policía, colectivo, funcionario regional o estructura comunitaria que continúa activa.
“El sistema chavista todavía existe”
Ante el regreso de decenas de dirigentes políticos en el exilio, que inundan en las últimas semanas las redes sociales, la portavoz de VIA subraya que algunas figuras de alto perfil podrían contar con garantías que son totalmente inaccesibles para un ciudadano común.
“Nosotros sabemos que muchos son solo ‘politiqueros’, supuestamente de oposición, que están regresando no viven la misma realidad de miles de personas que no tienen alianzas encubiertas con el régimen. El sistema chavista sigue haciendo daño. No se ha desmantelado ni un milímetro”, acotó.
La activista sospecha que algunos retornos responden a acuerdos directos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, precisamente para enviar al mundo el mensaje de que en el país se respetan los Derechos Humanos.
Una tormenta perfecta
Meléndez rechaza la versión de que toda esta crisis pueda explicarse de manera simplista como una operación destinada a expulsar a los venezolanos, como se ha escuchado en algunos discursos recientes en el sur de la Florida.
“Es muy fácil y reduccionista decir que hay una guerra contra los venezolanos. Yo prefiero verlo como una tormenta perfecta que debe analizarse desde varios ángulos, alejada además de cualquier tipo de polarización partidista”, refirió.
En esa tormenta descrita por la activista confluyen el rápido crecimiento de la población venezolana, miles de expedientes con fundamentos jurídicos débiles, el fin del parole humanitario y la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el endurecimiento general de la política migratoria, el impacto político de delitos cometidos por una minoría y la nueva interpretación de las condiciones en Venezuela.
Lo que significa que al ser el grupo migratorio de mayor crecimiento en el país, en un estrecho margen de tiempo, su peso cuantitativo significa que cualquier cambio migratorio afecta a un número elevado y visible de personas.
Justos por pecadores
A esta situación se sumaron delitos de gran repercusión atribuidos a una pequeñísima fracción de los recién llegados, que ha sido relacionada no pocas veces por el gobierno federal como una consecuencia de la política de “fronteras abiertas” de la Administración Biden.
Por ejemplo, el inmigrante José Vera, de 48 años, cree que ese daño reputacional se extendió incluso a quienes respetaron las normas.
“Un grupito muy pequeño de delincuentes que llegó por la frontera terminó afectándonos a todos. Ahora estamos pagando justos por pecadores. Sí hay un estigma”, reaccionó.
Después de esperar diez años por una entrevista de asilo que describe como “complicadísima”, Vera asegura que luego de meses todavía espera por la respuesta.
“Yo tenía un caso muy sólido. Tenía mis pruebas y lo reforcé con ayuda profesional. Es un proceso costoso, pero como insisten los abogados, lo importante es que cada quien blinde su caso”, acotó.
“Quiero irme de aquí”
En el extremo opuesto está “Beatriz” (un seudónimo utilizado para proteger su identidad) una madre caraqueña que llegó en 2022 a un albergue municipal influida por el espejismo del “sueño americano” promovido por coyotes.
Ahora comprende que sus motivos económicos no necesariamente cumplen los requisitos del asilo, por ello contempla marcharse antes de su primera audiencia, pero el costo de la vivienda, los alimentos y el transporte le impide ahorrar para regresar con su hija.
“Todo lo que gano se va en sobrevivir. ¿Cómo compro los pasajes y regreso con algo que me permita comenzar otra vez?”, se preguntó.
Asimismo, Silvio, un migrante venezolano que pidió reservar su apellido, reconoce que existen solicitudes débiles y que el Gobierno tiene autoridad para aplicar la ley migratoria. Pero considera que las detenciones de personas integradas a sus comunidades alimentan la idea de un castigo colectivo. Asegura que su mejor amigo fue detenido en Florida pese a no tener antecedentes, ni siquiera una infracción de tránsito.
“En realidad, hemos visto que incluso médicos y profesionales que están esperando por su entrevista han sido detenidos. Es absolutamente inhumano que luego de años esperando y pagando impuestos, exista la discrecionalidad de detenerlos. Pueden decir lo que sea, pero yo creo que sí hay una estigmatización por la presencia comprobada del Tren de Aragua”, concluyó.
El Diario de Nueva York
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