"Tenemos derecho a vivir en democracia": ONG y estudiantes en el 68 aniversario del 23 de enero de 1958
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En ocasión de la conmemoración del 68° aniversario del 23 de enero de 1958, día del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y del inicio del período democrático más largo de la historia republicana, Venezuela aspira nuevamente a la superación del autoritarismo, la recuperación de la democracia y el rescate de la soberanía popular y territorial.
Así lo expresaron estudiantes y representantes de diversas organizaciones civiles, quienes desde el Mural de Zapata en Caracas, destacaron la trascendencia de la fecha, la cual “es propicia para enaltecer el valor de la democracia y la organización ciudadana, como elementos esenciales para la construcción de un modelo de convivencia que promueva el desarrollo nacional, basado en el respeto de las libertades públicas y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el bienestar ciudadano”.
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No será viable
En ese sentido, afirman que el “nuevo momento político”, basado en la “reconciliación y el reencuentro”, anunciado por la administración encabezada ahora por Delcy Rodríguez, no será viable en tanto no sean atendidas las urgentes demandas ciudadanas.
Creen que el reclamo más urgente, que unifica al conjunto de la sociedad, es la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad o sometidas a procesos judiciales por razones políticas y que siguen injustamente recluidas en cárceles y comisarías del país.
“Estas personas, y sus familias, han sido víctimas de graves abusos que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros”.
Consideran que, “más allá de las renovadas promesas oficiales, los derechos civiles y políticos, como los derechos a la reunión y manifestación pacíficas, asociación, libre expresión e información y la libertad sindical, entre otros, continúan suprimidos o severamente restringidos”.
El decreto de conmoción debe ser derogado
Alertan que “el decreto de Estado de Conmoción Exterior brinda a los agentes de la fuerza pública y los funcionarios estatales y/o para-estatales, un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas”.
Por ello, instan a que este decreto “sea derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución Nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad”.
Igualmente, piensan que "en materia social, el anunciado “nuevo momento político”, debería traducirse en atender la enorme deuda social y en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
“Los acuerdos energéticos firmados con Estados Unidos, tras la incursión armada de ese país, no deberían significar una cesión adicional de la soberanía territorial nacional, menos aún, la continuidad y profundización del soslayamiento de los derechos de los trabajadores venezolanos”, agregan.
Agenda social urgente
Por otro lado, enfatizan que “debería ser una prioridad de la agenda oficial la urgente reconstrucción de la remuneración de los trabajadores y las pensiones de vejez y jubilación, así como la obligación de ejecutar y respetar los procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas, sobre los proyectos extractivos que les afecten, como el Arco Minero del Orinoco, y la expansión incontenida de la frontera extractiva en el sur del país”.
En materia de remuneración, “la agresiva bonificación debe ser revertida con una estrategia de reconstrucción del salario, basada en el diálogo social y la negociación tripartita, cuyo propósito sea el rescate del valor del trabajo y la dignificación de los trabajadores y sus familias”.
Mientras que, “en materia ambiental e indígena, la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento de los procesos de demarcación y titulación de tierras, son grandes deudas que el Estado venezolano debe cumplir antes de firmar cualquier acuerdo energético con cualquier país. Lo hemos dicho siempre, y ahora lo ratificamos”.
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