A pesar de innovaciones importantes, el contexto político ha comprometido la confianza en el sistema
La organización Transparencia Electoral publicó un exhaustivo informe titulado “20 años del sistema automatizado de votación en Venezuela: Garantías, sospechas y vulnerabilidades”, que analiza las dos décadas de funcionamiento del sistema automatizado de votación implementado desde 2004.
El documento aborda, entre otros aspectos, las controversias políticas que han marcado su aplicación en un contexto de creciente autoritarismo bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El mismo sale a colación por el cumplimiento de las dos décadas del sistema automatizado y por el acrecentamiento de las críticas tras las elecciones del pasado 28 de julio.
Recordemos que el sistema automatizado de votación en Venezuela se introdujo en 2004 como una respuesta a las crecientes demandas de transparencia electoral. Este innovador esquema incluyó el uso de máquinas de votación con respaldo en papel, la autenticación biométrica de los votantes y mecanismos de auditoría ciudadana, apunta la ONG.
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El informe destaca que estas medidas han fortalecido, en términos técnicos, la capacidad del sistema para garantizar procesos más rápidos y auditables. En 2012, se incorporó la autenticación biométrica (captahuella) para mejorar la identificación de los electores y prevenir el voto múltiple, mientras que la doble verificación (voto electrónico respaldado en papel) permitió contrastar los resultados emitidos por las máquinas con las actas físicas.
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De acuerdo con Transparencia Venezuela, a pesar de estas innovaciones, el contexto político ha comprometido la confianza en el sistema. La subordinación del CNE al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las amenazas al secreto del voto y los casos documentados de fraude han socavado su legitimidad.
En conclusión, el caso venezolano ilustra cómo un sistema electoral técnicamente sólido puede ser desvirtuado por intereses políticos. Transparencia Venezuela llama a reflexionar sobre el uso de tecnología en procesos democráticos y a impulsar compromisos éticos y políticos que prioricen la equidad y la justicia electoral.
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