TRAS DOS SEMANAS DE PROTESTAS, panameños siguen en pie de lucha contra la minería
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El congreso de Panamá no aguantó la presión y declaró una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica
El Congreso de Panamá aprobó este viernes una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica, exigida en las calles desde hace dos semanas por decenas de miles panameños que rechazan la operación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Presionado por las protestas más multitudinarias desde la década de 1980 contra el dictador Manuel Noriega, la Asamblea Nacional -legislativo unicameral- aprobó, por 59 votos a favor y dos abstenciones, la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño.
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Presión en las calles
Las manifestaciones lograron el jueves, además, que el Congreso dejara en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite la operación por 40 años de una mina de cobre en el Caribe panameño.
Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
«Es un gran logro para un país que estaba entregado a la minería. Nos queda el gran elefante (FQM) y eso lo vamos a pelear hasta el final por la vía constitucional y ante los arbitrajes internacionales que se presenten», dijo a AFP la ambientalista Raisa Banfield.
Poco después, el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria, lo que no detuvo las protestas en las calles, aunque han bajado de intensidad.
Panamá se suma, en Centroamérica, a Costa Rica y El Salvador en esa política. La moratoria le permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes, según la oenegé Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
El poderoso sindicato de la construcción y otras organizaciones abogaban por anular el contrato por ley, por lo que continúan protestando.
Un piquete de manifestantes llegó hasta la entrada de la mina, que estaba cerrada y protegida por policías antimotines, situada a 240 km por ruta desde la capital.
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