Tribunal de Paz de Colombia emite primera sentencia restaurativa contra exmilitares por crímenes de guerra
Tribunal de Paz emite primera sentencia restaurativa contra exmilitares en Colombia por desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidos como falsos positivos.
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El Tribunal de Paz emite primera sentencia restaurativa contra exmilitares por crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a doce integrantes del Batallón La Popa por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias explicó que las sanciones tendrán un rango de cinco a ocho años y se descontará el tiempo que los comparecientes ya pasaron privados de libertad en la justicia ordinaria. Se trata de la primera vez que este tribunal dicta una sentencia restaurativa contra miembros de la fuerza pública en el caso de los llamados falsos positivos.
Qué implica la condena restaurativa
El Tribunal de Paz emite primera sentencia restaurativa contra exmilitares que no implica cárcel, sino la obligación de realizar trabajos en beneficio de las comunidades víctimas. Los condenados deberán participar en seis proyectos que incluyen la construcción de memoriales, centros culturales, obras de infraestructura, adecuación de espacios productivos y acompañamiento a pueblos indígenas y afrodescendientes.
La decisión refleja el espíritu del sistema transicional acordado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC: priorizar la verdad, la reparación y la no repetición, más que la imposición de largas condenas en prisión.
Quiénes son los militares condenados
Los exmilitares que recibieron la sanción son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
Todos reconocieron su responsabilidad en los 135 asesinatos y en la desaparición forzada de civiles reclutados mediante engaños. Estas víctimas fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de incentivos como condecoraciones y permisos, dentro de lo que se conoció como la política de resultados operacionales.
Contexto de los falsos positivos
Los hechos juzgados corresponden al Subcaso Costa Caribe, que hace parte del macrocaso 03 de la JEP. Este proceso investiga los crímenes de civiles ejecutados ilegítimamente y reportados como bajas en combate entre 2002 y 2008, periodo en el que, según las investigaciones, al menos 6.402 personas fueron asesinadas bajo esta práctica.
Los casos de Cesar y La Guajira son especialmente representativos porque muestran cómo la presión institucional para inflar resultados militares derivó en crímenes sistemáticos que dejaron un profundo impacto en las comunidades locales.
El Tribunal de Paz emite primera sentencia restaurativa contra exmilitares y abre un camino para que otros uniformados que participaron en falsos positivos reconozcan su responsabilidad a cambio de sanciones restaurativas.
Esta sentencia es la segunda emitida bajo el modelo de sanciones propias de la JEP. La primera se dirigió contra siete exjefes de las FARC, incluido Rodrigo Londoño, alias Timochenko. En conjunto, ambas decisiones evidencian que el sistema transicional avanza en su propósito de juzgar tanto a exguerrilleros como a miembros de la fuerza pública, garantizando equilibrio en el proceso de justicia.
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