Trump admitió que su política de deportaciones fue "demasiado dura" y buscan una alernativa junto con los demócratas
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El presidente Donald Trump admitió en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS que su política de deportaciones fue «demasiado dura» y se mostró dispuesto a negociar con los demócratas algún tipo de estatus legal para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales graves que llevan años trabajando en Estados Unidos.
La entrevista, conducida por el corresponsal Ross Douthat y emitida el domingo, fue la primera que Trump concedió a la televisión tras la contundente derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso por primera vez desde 2006.
Trump trazó una distinción entre tres grupos: quienes quieren deportar a todos, quienes defienden las ciudades santuario, y un sector intermedio que expulsaría a criminales pero permitiría quedarse a quienes llevan una década o más trabajando. «Saca a los asesinos. Saca a los violadores. Saca a los traficantes de drogas, pero deja que la gente que lleva aquí 10 o 15 años llegue a un acuerdo», declaró.
Las declaraciones de Trump abren un nuevo capítulo en el debate migratorio. Sigue todos los desarrollos sobre políticas, estatus legal y deportaciones en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
El presidente puso rostro concreto al debate al describir la situación de trabajadoras de hotel: «Cuando entras a un hotel y dices 'déjame ver tu pase', y hay una mujer que ha trabajado allí como camarera, como limpiadora, como mesera. Muchas cosas buenas. Y de repente la están sacando del país. Es duro. Es algo duro».
Al ser preguntado directamente si un acuerdo podría crear algún tipo de estatus legal para esos trabajadores, Trump respondió con una sola palabra: «Realizable». Señaló además que varios legisladores demócratas ya lo habían contactado para explorar una negociación, y mencionó al nuevo senador de Texas James Talarico —quien derrotó al republicano Ken Paxton el 3 de noviembre— como posible interlocutor.
Trump reconoció que la política migratoria «ayudó y perjudicó» a los republicanos en los comicios. «Recibo muy buenas notas por sacar a los malos. Pero me perjudica porque también sacamos a personas que tenían buenos empleos, que cometieron una sola infracción: entraron ilegalmente al país», afirmó. Una encuesta a pie de urna de CBS indicó que el 58% de los votantes consideró que las medidas migratorias de la administración habían ido demasiado lejos.
Sin embargo, Trump no presentó ningún proyecto de ley, calendario, criterios de elegibilidad ni mecanismo legal concreto para ese posible estatus, lo que convierte sus palabras en una señal retórica sin traducción práctica inmediata.
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Las acciones de su propia administración apuntan en dirección contraria. El viernes, Trump nombró a Stephen Miller —considerado el principal arquitecto de las deportaciones masivas— nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, con efecto desde este lunes. El nombramiento de Miller como jefe de Gabinete fue calificado por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, como una «promoción», no como una corrección de rumbo, y aseguró que Trump «no ha aprendido nada» de los resultados electorales.
Sectores de la base MAGA reaccionaron con dureza. La comentarista Tomi Lahren dijo estar «confundida» porque había votado por «deportaciones masivas» y ahora parecía recibir «amnistía». Otros calificaron a Trump de «traidor en jefe».
Para la comunidad cubana, el impacto de la política migratoria ha sido especialmente severo. Según datos publicados en octubre, los arrestos de cubanos por ICE crecieron un 463% entre finales de 2024 e inicios de 2026, y más de 42,000 cubanos tenían órdenes de deportación pendientes en Estados Unidos.
Existe un antecedente legislativo relevante: la Ley Dignidad, impulsada por la representante republicana María Elvira Salazar, que propone un estatus legal temporal de diez años para inmigrantes sin antecedentes penales con al menos cinco años de residencia, pero que nunca ha avanzado en el Congreso. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue más directo tras la derrota electoral: «Las deportaciones continuarán».
Con información de CiberCuba
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