En el 2022 los tres funcionarios secuestraron a u trabajador y solicitaron dólares a su hija, para dejarlo en libertad, peor la muchacha denunció el caso a las autoridades y lograron rescatarlo
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión contra tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de secuestrar a un trabajador.
La medida la tomó el magistrado Maikel Moreno, en ponencia conjunta con las magistradas Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez, quienes desestimaron dos recursos de casación que buscan anular la sentencia original.
En la sentencia 633, se relata que los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2022 en Parque Central, en el Caracas, cuando una comisión de la PNB se llevó en su mismo vehículo a dos personas que trabajaban instalando o reparando aires acondicionados identificados como Irno Trías Istúriz y Rubino Vicente Sanz Lara.
Los funcionarios policiales que se llevaron a estos trabajadores son: José Manuel Arteta Azócar, Jhoan David Fonseca Lugo y Alejandro Villalobos Núñez.
Estos policías se comunicaron con la hija de Irno, uno de los secuestrados, a quien le dijeron que debía cancelar la suma de 200 dólares para liberar a su padre. Ella aceptó, pero luego denunció el hecho ante la PNB desde donde prepararon una entrega controlada del dinero, reseña el diario Últimas Noticias.
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Los funcionarios que tenían secuestrado a los trabajadores cambiaron varias veces el sitio para recibir los dólares por parte de la hija de Irno. Hasta que finalmente la citaron para el Gran Muro de Petare, donde llevó la comisión de la PNB, los capturó y liberó a las víctimas.
En agosto del 2022 se les abrió un juicio por los delitos de secuestro agravado en calidad de coautores, robo agravado y asociación.
El proceso se llevó a cabo entre el 15 de noviembre de 2023 al 9 de marzo de 2024, cuando fueron condenados a pena máxima.
La condena fue ratificada el 19 de julio pasado por la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas y por ello la defensa acudió a la Sala Penal del TSJ, alegando presuntas irregularidades en la celebración del juicio.
