La ONG Espacio Público presentó el informe Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes. En el mismo se concluye que, además de la legislación escasa sobre el tema, el Estado usa los datos con fines político-partidistas y de control social
Venezuela está rezagada en el desarrollo y protección legal de los datos personales. Lo peor de esto es que el Estado o lo que es lo mismo, el chavismo, usa indebidamente esta información para perseguir a sus detractores.
Lo anterior resume las conclusiones del “informe Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes”, dado a conocer por la ONG, Espacio Público.
El documento presenta un mapeo inicial a fin de disponer de una base que permita orientar, investigaciones temáticas, sobre este aspecto tan poco conocido en el país.
El informe aborda una compilación de leyes, regulaciones y casos que retratan los patrones estructurales que dominan las dinámicas sociales y políticas en los últimos años en Venezuela. Todo, en conexión con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, a la protección de datos y privacidad.
Pese a que no hay una ley particular sobre el tema, sí existe un marco legal que está alineado con reformas que garantizan la protección de datos en el país.
Sin embargo, las normativas, políticas y prácticas desarrolladas contradicen el espíritu inicial de las mismas. En consecuencia, amenazan con subordinar los datos personales como instrumentos de otros fines públicos y privados. “Ello incluye la preservación de condiciones que facilitan la persecución política y negación de derechos”, destaca el estudio.
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Patrones establecidos
En el informe se identificaron patrones a partir del registro de casos de violaciones a la libertad de expresión. Los mismos incluyeron vulneraciones directas e indirectas al derecho a la privacidad. También involucraron acceso indebido a información personal.
El registro deriva de un monitoreo regular de casos de restricciones ilegítimas a la búsqueda, recepción, o difusión de informaciones o contenidos. Todo, a partir de fuentes directas, fuentes hemerográficas, y evidencia audiovisual.
En el registro se observaron casos de detención por publicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente WhatsApp.
También ocurrieron violaciones por la vigilancia y robo de información. Del mismo modo, funcionarios han abusado de su autoridad para la revisión ilegal de equipos tecnológicos. Policías y militares obligan a periodistas, reporteros, infociudadanos o particulares a borrar material o les revisan directamente sus equipos.
Para perseguir
Por otra parte, los medios de comunicación públicos se han utilizado para promover la estigmatización de sectores considerados como la “oposición política”. Esta práctica se apoya en buena medida en el uso indebido de datos e información personal a la que se accede. Se hace a través de información disponible en redes sociales, o en bases de datos de instituciones públicas.
A su vez, desde el Estado se ha impulsado el uso de sistemas biométricos como un método de control social para que las personas puedan acceder a derechos políticos, sociales y económicos.
Uno de los riesgos principales de su aplicación deriva en el potencial cruce de información con otras bases de datos que el Estado maneja a partir de estos sistemas.
Ninguna de estas bases está sometida a escrutinio o regulaciones lo cual da lugar a la probabilidad de un manejo discrecional. Además de alimentar represalias fundadas en valoraciones político-partidistas.
Conclusiones
En Venezuela el poco avance en la legislación se conjugó con el desarrollo a largo plazo de una crisis institucional. La misma alejó las garantías de protección de los/as venezolanos/as.
El marco legal débil va de la mano de una voluntad represora que en su intento de obstaculizar la libre difusión de contenidos violenta -por acción u omisión- el derecho a la privacidad y protección de datos.
Con ello se restringe la libertad de información, se castiga la difusión de la opinión e incluso se vulnera el derecho a la propiedad.
El Estado condiciona indebidamente, y mediante esquemas poco claros, el acceso a servicios básicos como la alimentación, y maneja sin control ni regulación datos para fines ilegítimos, como la discriminación político-partidista.
De forma paralela, la falta de regulación también alimenta el manejo opaco por parte de empresas privadas ante la ausencia de obligaciones directas.
A toda persona se le debe garantizar que sus datos de carácter personal sean protegidos y manejados bajo las normas de privacidad, así, todos/as deben estar en capacidad de decidir quién puede tener información personal suya, conocer quién la solicita, qué clase de data tienen, cómo cambiarla o eliminarla y con qué fin se usa.
