Venezolanos en EE. UU. demandan al DHS por eliminación del PAROLE HUMANITARIO
Despojar del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias
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La Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM, por sus siglas en inglés) y tres individuos de Venezuela, Cuba y Haití presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por la eliminación del parole humanitario.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, "desafía la terminación repentina e ilegal del estatus otorgado a través de un parole por parte de la administración Trump-Vance, que les permitía vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos", según los demandantes.
A partir de 2023, los no ciudadanos que buscaban asilo u otro alivio migratorio en los Estados Unidos debían usar la aplicación móvil CBP One para programar citas en los puertos de entrada.
Después de la inspección por parte de los funcionarios de inmigración, a algunos se les otorgó un parole humanitario, que es un permiso temporal para vivir legalmente en los Estados Unidos.
Recuerdan los demandantes que, en abril de 2025, a través de un correo electrónico masivo que decía: "Es hora de que abandone los Estados Unidos", el DHS notificó a cientos de miles de no ciudadanos que su estatus de beneficiario del parole había terminado y, como resultado, también se revocaron sus autorizaciones de trabajo y su elegibilidad para ciertos beneficios.
El correo electrónico, enviado a los no ciudadanos con derecho a permanecer legalmente en los EE. UU. y, en algunos casos, a los ciudadanos estadounidenses que los representaban, amenazó con sanciones para alentar la autodeportación, señala una nota de prensa del Democracy Forward.
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Viola leyes federales
Los demandantes dicen que esta política de la administración Trump viola la ley federal, que requiere una determinación caso por caso de que el propósito del parole se cumplió antes de que pueda terminarse, “ignora los derechos legales de los no ciudadanos y perturba sus vidas, costándoles trabajos, hogares, acceso a la atención médica y poniéndolos en riesgo de deportación”, señala la nota de prensa.
"Como organización comunitaria, hemos visto de primera mano el daño directo que esta política repentina inflige a las personas que llegaron legalmente, cumplieron con todos los requisitos del DHS, incluido el proceso CBP One, y trabajaron arduamente para construir vidas estables para sus familias.
Despojarlos del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal”, dijo la Asociación Venezolana de Massachusetts.
“Nuestro compromiso es apoyarlos y luchar para garantizar que se protejan sus derechos. En VAM, creemos que proteger a los migrantes es proteger el futuro de nuestra comunidad", agregaron Carlina Velázquez y Carlos Martín Medina, de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Massachusetts.
"Este repentino cambio de política es el último en el asalto de la administración Trump-Vance contra los inmigrantes que han seguido las reglas. Permítanme ser claro: nada de esto se trata de inmigración, se trata de crueldad y ataques a personas en circunstancias vulnerables", dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
“Nuestros clientes usaron la aplicación CBP One porque el DHS la requería. Despojarlos ahora de sus derechos y amenazarlos con la deportación es una grave violación de la ley y la confianza pública. Nos sentimos honrados de representar a estas personas y luchar por la rendición de cuentas y la justicia. Continuaremos yendo a los tribunales y utilizando todas las herramientas legales disponibles para responsabilizar a esta administración".
"Cuando el gobierno le quita a una persona el estatus y el permiso de trabajo, empuja a familias enteras a la pobreza, desestabiliza comunidades y obliga a las personas a elegir entre la supervivencia básica y el cumplimiento de una política injusta", dijo Georgia Katsoulomitis, directora ejecutiva del Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts.
Los demandantes piden al tribunal que revoque la terminación del parole y la autorización de trabajo, restaure a los beneficiarios su capacidad de quedarse, trabajar y solicitar asilo u otro alivio migratorio, y evite que el DHS lleve a cabo futuras revocaciones arbitrarias masivas del estado de libertad condicional.
Con información de Telemundo
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