VENEZUELA O EE. UU.: ¿Quién gana con el acuerdo petrolero?
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El gigantesco acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez presentaron el viernes como un negocio histórico para ambos países, comienza a generar más preguntas que respuestas a medida que se conocen nuevos detalles sobre la manera como fue negociado, quiénes participarían y los beneficios que realmente obtendría cada una de las partes.
El pacto, que le daría a EE. UU. acceso preferencial a 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, ha sido cuestionado en los últimos días por sectores de la oposición venezolana, economistas y expertos petroleros que critican su falta de transparencia, ponen en duda algunas de las cifras presentadas por Caracas y advierten que podría terminar fortaleciendo políticamente al gobierno de Rodríguez.
Pero nuevas revelaciones publicadas este fin de semana por The Wall Street Journal agregaron otro elemento a la controversia.
Según el diario, ante la resistencia de las grandes compañías petroleras estadounidenses a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para recuperar la infraestructura venezolana deteriorada a la velocidad que pretendía Trump, su administración terminó recurriendo a una solución extraordinaria.
Convertir al propio gobierno estadounidense en inversionista.
De acuerdo con el Journal, Washington planea adquirir una participación pasiva del 35 por ciento en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada encabezada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, que ya opera campos petroleros en el país.
La inversión sería estructurada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante opciones de compra de muy bajo costo que permitirían al gobierno estadounidense obtener una participación accionaria sin desembolsar inicialmente una cantidad significativa de dinero.
Además, EE. UU. obtendría derechos preferenciales para adquirir a precio de costo el 20 por ciento del petróleo producido por la compañía.
El acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasada.
La estructura supondría un giro considerable respecto de la manera en que inicialmente se presentó el acuerdo.
En lugar de limitarse a facilitar o garantizar inversiones privadas estadounidenses en Venezuela, Washington pasaría a tener un interés financiero directo en una empresa que podría obtener derechos para desarrollar algunos de los campos petroleros más importantes del país.
Pero la fórmula tendría, además, otro propósito con enormes implicaciones políticas para Venezuela.
La estrategia de Washington detrás del acuerdo
Según personas involucradas en las negociaciones citadas por The Wall Street Journal, la utilización de una compañía privada como vehículo para el acuerdo fue concebida, entre otras razones, para vincular a futuros gobiernos venezolanos al proyecto y dificultar que una eventual nueva administración pueda revertirlo.
El dato resulta particularmente relevante en un momento en el que la oposición venezolana continúa reclamando una transición democrática y cuestiona la autoridad del gobierno de Rodríguez para comprometer recursos estratégicos del país durante varias décadas.
Adicionalmente, sería una forma de asegurar que el acuerdo permanezca cuando Trump abandone la presidencia en el 2029.
Según el Journal, NABEP podría explotar 17 campos que albergarían unos 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.
El diario también reveló que el acuerdo fue negociado durante varios meses de manera reservada y que Trump y Rodríguez acordaron las líneas generales en una conversación telefónica pocos días antes de que fuera anunciado.
Las negociaciones se aceleraron luego de que la administración Trump intentara convencer a grandes petroleras estadounidenses de regresar rápidamente a Venezuela.
Pero buena parte de la industria se mantuvo al margen debido a los enormes costos de reconstrucción de la infraestructura, las preocupaciones sobre la seguridad y, especialmente, las dudas sobre la estabilidad jurídica de cualquier inversión a largo plazo.
Fue en ese contexto que la administración recurrió a NABEP y a Betancourt.
Esa elección también ha alimentado las críticas.
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Las polémicas que rodean al empresario venezolano Alejandro Betancourt
Betancourt hizo buena parte de su fortuna durante los gobiernos chavistas y fue uno de los empresarios conocidos en Venezuela como los “bolichicos”, un grupo que obtuvo contratos estatales lucrativos durante los años de Hugo Chávez.
Durante la última década ha sido investigado en varios países por presunto lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado y sus abogados han negado que haya cometido irregularidades.
Sin embargo, su influencia en Washington ha aumentado considerablemente este año.
The Washington Post reveló la semana pasada que funcionarios de alto nivel de la administración Trump intervinieron ante autoridades suizas para resolver una investigación contra Betancourt de manera que evitara cargos penales y eliminara las restricciones de viaje que tenía.
El empresario, cuya compañía se ha convertido en uno de los mayores productores privados de petróleo de Venezuela, ha actuado simultáneamente como interlocutor del gobierno estadounidense y como intermediario entre Rodríguez y altos funcionarios venezolanos.
Ese papel resulta especialmente sensible para sectores de la oposición que respaldan la apertura de la industria petrolera al capital privado, pero cuestionan que un acuerdo de semejante magnitud sea negociado por un gobierno que consideran ilegítimo y por empresarios vinculados durante años al sistema chavista.
Las críticas planteadas desde la oposición y algunos sectores del chavismo
María Corina Machado no se había pronunciado directamente sobre el pacto hasta este domingo.
Pero David Smolansky, portavoz de su equipo en Washington, dijo que la oposición favorece desde hace años la privatización y apertura de la industria petrolera, aunque sostiene que acuerdos de esta magnitud deberían negociarse con “un gobierno legítimo, con un gobierno democrático” y bajo un sistema que ofrezca garantías jurídicas de largo plazo.
Ricardo Hausmann, exministro venezolano y profesor de Harvard, fue más contundente y calificó el pacto de “vergonzoso”, argumentando que Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional para comprometer al país en semejante acuerdo.
Otros dirigentes opositores han adoptado posiciones más matizadas.
Con información de El Tiempo
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