La ONG también contabilizó 20 detenciones en el quinto mes de año entre particulares y periodistas, la mayoría, personas por realizar comentarios en redes sociales
La Organización No Gubernamental, Espacio Público informó que en mayo registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frencuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.
Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general.Asimismo detalló que los responsables determinados son los cuerpos de seguridad e instituciones del régimen de Nicolás Maduro.
En ese sentido, informó que al quinto mes del 2020 han acumulado 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa. “Hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país”, reseñó.
Intimidación y hostigamiento
En reiteradas oportunidades los defensores y titulares de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, pero el régimen de Maduro mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino ahora como víctimas de una pandemia.
Espacio Público reportó también 35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
López fue rodeado por funcionarios y obligado a mostrar el material que posteriormente tuvo que borrar, pues lo amenazaron con detenerlo si no lo hacía. Alertó que lo sucedido es cada vez más frecuente, «eso está ocurriendo con todos los periodistas que cubrimos a la GNB» y manifestó que en ocasiones no tenía otra alternativa que borrar el material.
Otra situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fuchón Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
García informó que el funcionario amenazó con detenerlo, le quitó de forma violenta su cámara y estimulado por seguidores del chavismo presentes en la cola, borró los testimonios y fotografías que había realizado previamente sobre la situación que se vivía en el lugar.
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
Los efectivos les revisaron los teléfonos pese a que los tres mostraron sus credenciales de prensa. Los GNB alegaron que estaban «violando el perímetro de seguridad» aún cuando los reporteros estaban a media cuadra de las instalaciones de la cablera, hacia el extremo opuesto de la calle.
«El único que se vio afectado fui yo, que me borraron unos videos que hice desde el teléfono. Nos insistieron en revisar lo que teníamos en nuestras cámaras. Nos negamos», contó Rodríguez.
El impedimento en la cobertura es el común denominador, en Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.
La periodista denunció la intimidación a través de la red social Twitter. Explicó que uno de los hombres pretendía amedrentarla realizando una «llamada en voz (muy) alta donde pedía apoyo de las Cuadrillas de Paz porque había llegado @CaraotaDigital». Caraballo detalló que presume que el sujeto trabaja con cisternas que acuden al llenadero a surtir sus camiones.
Continúan las detenciones
Durante el mes de mayo contabilizaron 20 detenciones motivadas a la búsqueda y difusión de información, la mayoría de estas fueron realizadas a ciudadanos por hacer comentarios en redes sociales, y en el caso de periodistas en el contexto de cobertura informativa en la calle. En los primeros cinco meses del año documentamos un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez tenía varias horas en el lugar y los funcionarios millitares indicaron que ya no podían estar allí porque el tiempo había caducado y cuando eran dispuestos a ser desalojados del sitio, Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora.
Otro caso que es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.
Rodríguez fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el pasado 7 de mayo, fue acusado ante el Tribunal 1ro de Control encabezado por la jueza, Lizgreana Palma, por el delito de «ultraje al funcionario público». En la audiencia decidió beneficiarle con una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.
Wilfredo Rodríguez es locutor y utiliza sus redes sociales personales para denunciar presuntas anormalidades en torno al manejo del combustible entre los militares, y la gestión de la Gobernadora del estado Delta Amacuro.
Al igual que Rodríguez, el 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.
Vásquez, quien trabaja como taxista, habría expresado en sus perfiles personales salir a protestar ante la situación crítica de la gasolina; la cual solo la podían adquirir algunos privilegiados de la entidad. «Compartan señor, solo echan gasolina los llamados enchufados y más gente aquí en Cantaura, el del carrito urbano, el de la bus, el de la ruta», escribió.
Los efectivos de la GNB fueron hasta su casa y lo llevaron hacia una sede del cuerpo de bomberos donde estuvo recluido en un calabozo con otras nueve personas. Un capitán de apellido Hernández lo interrogó.
A Vásquez le indicaron que podría ser acusado de varios delitos, entre ellos, «instigación al odio», supuesto delito tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio. Al día siguiente, fue reseñado en el Cicpc de Anaco y luego llevado a los Tribunales en El Tigre; en donde le fue otorgada una medida cautelar bajo régimen de presentación por tres meses cada 45 días.
En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.
La publicación por la que la doctora habría sido detenida arbitrariamente, sin orden judicial, fue calificada por los funcionarios como «incitación al odio contra Maduro».
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