¡VER PARA CREER! TSJ de Maduro busca “mejorar” el sistema de justicia
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Gladys Gutiérrez y Remigio Ceballos trabajan en conjunto para “garantizar” un mejor sistema de justicia en el país e insistieron en su colaboración con otros organismos
El Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior de Venezuela de la administración de Nicolás Maduro, evaluaron la coordinación de un trabajo conjunto con el fin de mejorar el sistema de justicia. Así lo informó este sábado el máximo tribunal del país.
La presidenta del TSJ de Maduro, Gladys Gutiérrez, y el ministro del Interior, Remigio Ceballos, sostuvieron un encuentro para compartir el trabajo que vienen realizando.
Por su parte, Gutiérrez indicó, que trabaja en «diversas tareas» para avanzar en un «completo proceso de reestructuración» del Poder Judicial. Esto con una reorganización y reimpulso para optimizar «de manera continua la administración de justicia en el país».
Un comunicado de prensa, reseñó que el TSJ de Maduro trabaja en “garantizar el debido proceso”.
«Con un sistema penal y un régimen penitenciario que trabajen en consonancia con los principios de Estado democrático y social de derecho», dijo Gladys Gutiérrez.
Por su parte, Remigio Ceballos, ratificó su disposición a seguir trabajando de manera conjunta para contribuir al «fortalecimiento de la institucionalidad democrática» y la «protección integral del pueblo».
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Revisión de actuación policial
A principios de mayo, Ceballos sostuvo una reunión con autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Con el propósito de una revisión de las estrategias con esta policía que asiste a la labor de la Fiscalía.
Entre los temas abordados en esa reunión estuvieron la capacitación de los funcionarios en materia de derechos humanos y la elaboración de una ruta para el fortalecimiento de la acción penal en el país. Aunque no ofreció detalles al respecto.
Ceballos, en declaraciones al canal estatal VTV, recordó que el Cicpc cuenta con una oficina para la revisión del desvío en la actuación policial. Y otra para la supervisión disciplinaria de los funcionarios, con lo que esperan mantener a raya las malas prácticas de los agentes.
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