Tanto el MP como la cancillería califican el informe sobre los hechos posteriores al 28 de julio como politizado e ideologizado
El ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público, rechazaron el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, acerca de los hechos ocurridos en el país, después de las elecciones del 28 de julio.
“Venezuela rechaza, de manera categórica, la presentación, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, del informe vulgar y panfletario, redactado por una misión ilegítima, politizada e ideologizada”.
Así lo manifestó el MRE, a través de sus redes sociales, en un comunicado donde esta misión fue “creada por el cartel de gobiernos del fracasado Grupo de Lima, con el único objetivo de cumplir órdenes emanadas desde Washington, para aplicar la política estadounidense de “cambio de régimen” en contra del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela”.
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De su parte, el Ministerio Público también repudió el documento de la misión.
Publicamos el comunicado completo del MP.
La denominada Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un nuevo compendio de ataques a las instituciones venezolanas que pretende presentar como informe.
Este mecanismo fue creado en 2019 para agredir a Venezuela por mandato de Estados Unidos y del fenecido Grupo de Lima. Se creó para boicotear los acuerdos y el trabajo que ha adelantado la República Bolivariana de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de ese mismo año 2019.
Nuevamente los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión.
Es un informe diseñado y ejecutado para alimentar los ataques internacionales contra Venezuela, que niega la existencia de las medidas coercitivas unilaterales que han producido graves daños al país y sus habitantes; que niega los intentos de golpe de Estado y de magnicidio, así como las operaciones con mercenarios ejecutadas con apoyo extranjero y la continua intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos, así como las condenas dictadas por el Poder Judicial contra muchos de ellos.
Los graves hechos de violencia desatados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio incluyeron, además de la muerte de 27 personas, 2 de ellas funcionarios de la GNB, produjeron 195 personas heridas, de las cuales 97 son funcionarios.
El Ministerio Público contabilizó 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, entre ellos 75 Centros educativos, 41 Centros de salud, 50 Instalaciones y medios de transporte, 253 Instalaciones de cuerpos de seguridad, 10 Centros electorales, 7 Sedes de instituciones de la Administración Pública, 27 Estatuas y monumentos.,
13 Establecimientos comerciales y 10 Sedes de Organizaciones Políticas.