Espacio Público ha registrado 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso
En Venezuela suman 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a periodistas desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes.
La denuncia la hace la ONG Espacio Público, a propósito de que cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas.
“El Estado no investiga o se demora en los procesos, no identifica responsables, ni sanciona a los culpables; por consiguiente, profesionales de la comunicación trabajan mientras ponen en riesgo su seguridad sin contar con un Estado que les resguarde”, destaca la organización, en un comunicado.
Miles de periodistas en todo el mundo son víctimas de amenazas, violencia física e incluso la muerte, a causa de la información que conocen o publican.
Destaca que esta fecha “nos exige dejar de mirar a otro lado mientras las personas que hacen posible que tengamos información, deben trabajar bajo la violencia, a la vez que el sistema judicial no responde a las denuncias por hostigamiento, vigilancia, asesinatos, golpizas o amenazas constantes por publicar información”.
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El mensaje de la Unesco
Para el año 2023 la UNESCO explica que “poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más importantes y complejos de los últimos tiempos, y constituye una cuestión fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el intercambio abierto, libre y dinámico de ideas e información para todas las personas”.
Según el Observatorio de periodistas asesinados, de la misma organización, entre los años 2006 y 2023 más de 1600 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, y 9 de cada 10 casos permanecen impunes.
Los riesgos en Venezuela
La impunidad es un obstáculo para obtener justicia, en Venezuela es frecuente en todos los ámbitos, pero en el caso periodístico además se traduce en que el trabajo informativo está inmerso en riesgos de violencia mientras fiscales, jueces y otros miembros del Poder Judicial miran hacia otro lado.
En Espacio Público han registrado 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso, con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables: 75 % de los asesinatos de profesionales de los medios, siguen impunes.
La muerte violenta es el hecho más grave y lamentable, pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación.
Como sociedad tenemos la responsabilidad de señalar estos hechos y poner la lupa en quienes pretenden evitar que recibamos información libremente: contabilizamos 914 hechos de agresiones contra trabajadores de los medios desde el año 2002 y hasta septiembre de 2023.
La impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.
Pero también afecta a su entorno y a la sociedad en pleno, que no puede obtener información de las fuentes que quiere, con todos los datos posibles, recopilados de manera libre.
La impunidad nos pinta un cuadro a medias de lo que pasa en la realidad, es responsabilidad del Estado poner el foco en estos casos y señalar a los y las responsables de la opacidad informativa.
Detenciones arbitrarias
Las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder, según la situación política y social del momento.
En este sentido, registramos alza de casos durante las manifestaciones masivas en contra del gobierno, durante la cobertura de la escasez de gasolina, reportes o cuestiones sanitarias de diferentes temas, y cobertura relacionada con la gestión pública.
En la mayoría de estos casos las y los periodistas son hostigados por funcionarios del Estado, sus teléfonos o equipos de trabajo revisados ilegalmente, borrado el material de la cobertura, y en casos de detenciones arbitrarias es común que sean también víctimas de desaparición forzada de corta duración.
Mientras el Estado sigue sin investigar ni procesar de manera adecuada, formal, y legal a responsables, el mensaje que envía es que más agresores tienen la posibilidad de actuar con violencia contra periodistas sin que haya consecuencias.
Y mientras más conflictiva es la coyuntura venezolana, registramos un aumento significativo en los casos, lo que implica que hay menor circulación libre de información en los momentos en que es más urgente. Esta tendencia se ha mantenido en la última década, con picos en el registro de casos en los años 2014, 2017 y 2019, en que personas manifestaron masivamente en contra del gobierno.
Algunos casos
No podemos hacer un recuento de todos los casos, pero queremos resaltar a continuación algunos que ejemplifican la situación y que acompañamos jurídicamente:
Ana Belén Tovar
Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. A la fecha fue excarcelada y permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.
Luis Carlos Díaz
Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el 12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública (referido a incitación al odio). Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.
Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte
Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.
Darvinson Rojas
Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Fue acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.
Hoy exigimos al Estado venezolano que investigue, identifique responsables y sancione de manera adecuada, incluyendo la reparación a las víctimas y garantías de no repetición de estas violaciones a los derechos humanos que repercuten negativamente en uno de los pilares de la democracia: la prensa libre.
Desde Espacio Público queremos recordar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de periodistas en Venezuela, seguiremos alzando la voz ante la violencia contra este gremio y cuando el Estado viole los derechos humanos de trabajadores de los medios, exigimos el cese de la impunidad y que se resuelvan los casos de agresiones, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra periodistas y personas que trabajan para los medios de comunicación en el país.
