Denuncia que el anteproyecto de texto legislativo sufre hasta de imprecisiones conceptuales
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advierte que la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares que se está gestando en la Asamblea Nacional (AN) venezolana afectaría derechos esenciales como la libertad de expresión.
Por esta razón, pidió a sus agremiados rechazar dicho texto legislativo y a explicar a sus audiencias los alcances de la propuesta.
«El anteproyecto de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares es un intento de alinear a la sociedad en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo», señaló el CNP en un comunicado, que acompañó con la etiqueta #InformarNoEsDelito.
El Colegio Nacional de Periodistas se pronuncia en contra del anteproyecto de la Ley Antifascista y llama a sus agremiados a explicarles a los venezolanos las consecuencias negativas que tendría si se aprueba. #InformarNoEsDelito pic.twitter.com/8oVrDhD7nB
— cnpven (@cnpven) April 11, 2024
El documento, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez al órgano legislativo, incluye cuatro capítulos y 30 artículos.
Imprecisiones conceptuales
El organismo gremial periodístico señala que esta propuesta de ley contiene una «serie de imprecisiones conceptuales» sobre lo que se considera la expresión «fascista» al «equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo racial a otras como el conservadurismo moral, sobre todo cuando se deja a la libre interpretación qué significa esto».
Explican que en el artículo 4 establece que los rasgos característicos del fascismo son «el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad».
El CNP concluye que «más que preocupación, genera temor la propuesta en este anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría fascista o neofascista».
Es de destacar que, entre las sanciones, la norma establece prisión desde 6 a 10 años, además del pago de multas y revocatoria de concesiones, en caso de prestadores de servicio de radio y televisión.
