A cuatro meses de las elecciones del 28 de julio, AI publicó un informe actualizado sobre las violaciones a los DD. HH. cometidas entre el 29 y 31 de julio, enfocada en la detención de menores de edad
Amnistía Internacional publicó este jueves “una nueva investigación en la que expone las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, y graves violaciones del derecho a un juicio justo de cinco niños y una niña cometidas entre el 29 y el 31 de julio”.
El informe se publica “cuatro meses después” de los comicios, y alerta que “al menos 198 niños y niñas siguen sometidos, ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas”.
Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró: “Cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro”.
“Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás”, agrega.
Por ello, “exigimos la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas”.
Afirma que “estas violaciones y crímenes contra menores se enmarcan en patrones más amplios de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro”.
Callamard destaca que “mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil sacan a la luz nuevas y más oscuras formas de estos abusos de poder, los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas”.
Insta a la comunidad internacional a “apoyar -pública, privada y financieramente- la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, todas las investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU”.
#28Nov
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 28, 2024
🗣️ "DESPUÉS DE TODA LA ELECTRICIDAD SENTÍA QUE ESTABA MUERTO"@amnistia alerta sobre torturas, detenciones arbitrarias y abusos contra niños tras las actividades postelectorales en Venezuela y piden a la CPI incluir estos hechos en la investigación Venezuela I
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Lo más reciente
La última investigación de Amnistía Internacional “enfatiza en un elemento especialmente alarmante del más reciente aumento de represión del gobierno contra la disidencia tras las protestas contra la declaración de Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio”.
“Tras la elección presidencial y el anuncio de los resultados cuestionados y no públicos, las autoridades venezolanas han intensificado su política de represión de manera generalizada”.
En el primer mes, tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales, que se suman a los centenares que ya estaban detenidos arbitrariamente desde antes del 28 de julio.
Se presume que todos estos arrestos y detenciones en curso son arbitrarios y forman parte de la política de represión de larga data del gobierno de Maduro contra cualquier percepción de disidencia.
Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo”, resalta el escrito de AI.
Un recuento
La misión internacional e independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno. Su informe de 2024 concluyó que existen “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido” en el último año.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación penal sobre la situación en Venezuela, centrada en los “delitos de lesa humanidad de la privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), cometidas al menos desde abril de 2017 por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados “colectivos”).
