Asamblea Nacional sanciona la Ley de la Cruz Roja Venezolana
SU "función principal" es "actuar como auxiliar del Poder Público"
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La Asamblea Nacional sancionó este miércoles la Ley de la Cruz Roja Venezolana (CRV) para su regulación, en medio de críticas de un diputado opositor, quien cuestionó que la norma establezca a la institución como “auxiliar del Poder Público” y subraye como “deber” la ayuda a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La ley tiene como objeto establecer la regulación de la Cruz Roja Venezolana, cuya «función principal» es «actuar como auxiliar del Poder Público en materia humanitaria» en casos de catástrofe, crisis de salud, conflictos armados y otros.
Asimismo, la norma indica que, en caso de «conmoción o conflicto interno», la institución «tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», aunque especificó que la ayuda es «estrictamente humanitaria y neutral».
Por otra parte, subrayó que «los voluntarios y el personal de la Cruz Roja Venezolana no tienen la condición de agentes gubernamentales, manteniendo su independencia, neutralidad e imparcialidad».
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El diputado opositor de Acción Democrática, José Correa Torres, intervino en la sesión y argumentó que el uso del término «auxiliar del Poder Público» puede «generar interpretaciones de subordinación jerárquica» de la CRV, pero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió que en la ley se establece la autonomía de la institución.
Además, Correa Torres criticó que se establezca como deber la ayuda a los servicios médicos de la FANB porque, a su juicio, «hay un problema con el uso de la palabra deber porque el derecho internacional humanitario exige neutralidad frente a todas las partes».
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del TSJ, una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra el entonces presidente de la institución, Mario Villarroel, por el «presunto acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores de la organización.
Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de «deshonestas», y consideró como «ilegal» la intervención, que incluyó también la designación por parte del Supremo de una directiva para su reestructuración.
Con información de EFE
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