El infierno de Darién con el peligro de los animales salvajes se quedó corto para los peligros a los que se enfrentan los caminantes venezolanos al caer en manos de grupos criminales
Un informe realizado por la Procuraduría General de Colombia revela que persisten delitos en contra de los migrantes venezolanos como trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono estatal.
A través de un documento titulado como “Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta”, la Procuraduría advierte que en el Tapón del Darién grupos armados controlan el negocio de la migración explotando a los caminantes durante su paso por el país.
Los detalles del documento fueron revelados a través del Proyecto Migrante del grupo Semana, en el que desnudan “una dura realidad para las personas venezolanas que están en tránsito migratorio”.
El documento indica que no solo los venezolanos se ven afectados, también de Haití, Cuba, y Afganistán.
La Procuraduría realiza monitoreos desde 2021 sobre la situación de los migrantes, con el propósito de identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios, emitir recomendaciones, y vigilar la respuesta institucional.
Migración masiva
Las cifras de migrantes venezolanos hacia Colombia en 2022 rondan en promedio 23.000 venezolanos diariamente por los tres puentes fronterizos existentes en el departamento de Norte de Santander, cuya frontera con Venezuela se extiende por al menos 500 kilómetros.
Los datos los maneja Migración Colombia. “Muchos viven en Venezuela, pero estudian y trabajan en Colombia; otros hacen parte del éxodo constante de ciudadanos de ese país en busca de una nueva vida acá o hacen tránsito hacia otros lugares; cerca del 25% se encuentran en situación migratoria irregular”.
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Una selva de ilegalidad
De acuerdo con la Procuraduría cerca de 160 mil caminantes atravesaron en 2022 las 575.000 hectáreas que comprenden la selva conocida como El Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá.
El solo hecho de cruzar la selva rumbo a Estados Unidos representa un verdadero reto ya que se enfrentan a “ serpientes venenosas, pumas y caimanes”.
Sin embargo, los mayores riesgos de los caminantes es caer en manos de los grupos armados ilegales, “cuyas mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen toda clase de violencias contra ellos, como trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico”.
Otro problema registrado en el monitoreo de los caminantes fueron las denuncias de las comunidades sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes involucrados en trata de menores para poder comer, así como afectaciones al orden público a causa de presuntos hurtos, prostitución y drogadicción.
Por si fuera poco, las compañías privadas de transporte fluvial que están cobrando tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera.
En materia de salubridad pública, indican que en los municipios de la zona no están dadas las condiciones para preparar sus alimentos, aseo personal y brindar cuidados mínimos a su salud.
Lo que van a hacer
Con este panorama, el Ministerio Público comenzó el trabajo conjunto con diferentes entidades gubernamentales encargadas de la atención al migrante (ICBF, Cancillería, Ministerios de la Igualdad y Equidad, Comercio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte Fuerza Pública y Migración Colombia), para alertar sobre las diferentes situaciones y establecer compromisos tendientes a resolver la crisis.
