Auge y caída de ALEX SAAB: EE.UU. mantiene este caso vivito y coleando
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La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado.
Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.
Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición.
El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington.
Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior.
La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.
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El caso
Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.
Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados.
Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».
Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla.
Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos».
El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.
La mecánica, según esas alegaciones, era siempre la misma: empresas instrumentales recibían pagos anticipados del Estado venezolano por contratos inflados; parte del dinero se desviaba en forma de comisiones ilegales y sobornos a funcionarios; se emitían facturas fraudulentas alineadas con el valor de los contratos; y, en ocasiones, se subcontrataba el suministro de productos de menor calidad nutricional.
Para dificultar el rastreo, los fondos circulaban por una red global de sociedades registradas en México, Turquía, Panamá, Emiratos Árabes o Hong Kong, vinculadas directa o indirectamente a Saab, Pulido y su entorno familiar.
Corrupción estructural
No se trata de una condena judicial, sino de designaciones administrativas bajo el régimen de sanciones estadounidenses. Pero el lenguaje empleado fue inequívoco, acusaciones de corrupción estructural, de contratos sobrevalorados y de una red que permitió que dirigentes y allegados al poder obtuvieran beneficios de un programa creado para alimentar a la población.
A ese frente administrativo se sumó el expediente penal en Miami. El 25 de julio de 2019, Saab fue acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos adicionales de lavado de dinero.
La acusación sostiene que, junto a Pulido, había articulado desde 2011 una trama para obtener contratos de vivienda social en Venezuela con precios inflados. Según los fiscales, las empresas vinculadas a ambos suscribieron acuerdos para suministrar materiales prefabricados con sobrecostes significativos.
El núcleo del caso describe movimientos por aproximadamente 350 millones de dólares. Los documentos judiciales detallan que el dinero se canalizó a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que parte de las transferencias transitó por el sistema financiero estadounidense.
Esa conexión permitió fundamentar la jurisdicción federal. La acusación menciona reuniones celebradas en Miami para coordinar pagos y transferencias hacia cuentas en el Distrito Sur de Florida.
En agosto de 2019, al no comparecer ante el tribunal, Saab fue declarado en rebeldía. El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando su avión, que cubría la ruta entre Venezuela e Irán, hizo escala para repostar.
Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición. Saab alegó que viajaba como enviado especial del Gobierno venezolano y que gozaba de inmunidad diplomática. El tribunal de distrito en Florida rechazó su intento de comparecer de forma especial para invocar esa inmunidad. Tras una larga batalla judicial, fue extraditado en octubre de 2021 y trasladado a Miami.
Allí se enfrentaba a una acusación formal de ocho cargos vinculados al blanqueo de capitales y a la presunta vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en un esquema que, según el Departamento de Justicia, incluía sobornos para aprovechar el sistema de control cambiario venezolano mediante documentación de importación falsa. Para la Fiscalía estadounidense, Saab y Pulido no eran simples intermediarios comerciales, sino arquitectos de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de fondos públicos.
El indulto de Biden
El proceso nunca llegó a juicio. En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió un indulto presidencial completo por los delitos incluidos en la acusación federal de 2019.
El documento de clemencia establecía condiciones claras: Saab debía abandonar Estados Unidos y permanecer fuera del país; no cometer nuevos delitos federales; renunciar a cualquier reclamación contra el Gobierno estadounidense; abandonar cualquier derecho sobre fondos o bienes incautados o sujetos a decomiso vinculados al caso; y no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación.
El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario. Ese detalle mantiene abierto un resquicio jurídico que ahora vuelve a examinarse en Washington ante la incertidumbre sobre su situación en Caracas.
El indulto extinguió la acción penal por esos cargos concretos, pero no borró el marco más amplio de sanciones.
El Departamento del Tesoro ya lo había designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, vinculándolo también a redes destinadas a eludir sanciones en el sector petrolero venezolano. Según esas alegaciones, el régimen de Maduro, la estatal PDVSA y Saab recurrieron a estructuras empresariales en México y otros países para negociar la venta de crudo mediante sociedades instrumentales, en lo que Washington describió como un mecanismo de «crudo por comida» para sortear el régimen sancionador.
Las designaciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses. No constituyen condenas penales, pero consolidan el señalamiento de Saab como figura relevante en redes de corrupción y evasión de sanciones.
Operador del chavismo
Durante años, fiscales estadounidenses lo situaron como uno de los principales operadores financieros del chavismo. En el terreno público se le señaló reiteradamente como presunto testaferro de Maduro, una afirmación que no fue objeto de sentencia firme, pero que marcó la narrativa política del caso.
En su batalla contra la extradición en Cabo Verde contó con la defensa del exjuez español Baltasar Garzón, quien sostuvo que actuaba como enviado especial y que su detención vulneraba normas internacionales.
Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada.
Sin embargo, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida posterior del Ministerio de Industria han alterado el equilibrio interno. La noticia de una posible detención por parte del SEBIN abre interrogantes sobre si se trata de un movimiento interno para apartar a una figura incómoda o de una eventual coordinación con instancias externas.
Por el momento, las autoridades estadounidenses consultadas aseguran no tener constancia de un plan de extradición ni de nuevos cargos federales. El indulto cubre específicamente los delitos imputados en el caso de Florida, pero no otorga una inmunidad general frente a cualquier investigación futura.
Con información de ABC de España
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