En un encuesta realizada por la ONG se concluye que los funcionarios públicos bloquean a los usuarios en sus cuentas en redes sociales, principalmente en Twitter, para evitar las críticas
Desde hace varios años, mediante el bloqueo a los usuarios que les critican, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, usan esa práctica para violar el derecho a la información y a la libertad de expresión de los venezolanos.
La denuncia la hizo la ONG Espacio Público, en el evento: “Te ha bloqueado”: Sin acceso a información pública, a través del cual la institución refleja una conducta no solo de los funcionarios gubernamentales, sino de una manera de actuar que ha pasado de los particulares al Estado.
La coordinadora del Programa Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG, Marysabel Rodríguez, destaca que “en los últimos 4 años se ha registrado un incremento de las restricciones a la libertad de expresión en internet”.
“Los estándares internacionales de libertad de expresión resaltan la necesidad de mantener los principios de transparencia para entidades públicas o asuntos de interés público”, manifestó.
En el informe presentado por Espacio Público se destaca que “las redes sociales virtuales constituyen hoy uno de los ejes más importantes del debate público, ya que su estructura facilita el intercambio de información e ideas, por lo que se usan también para denunciar irregularidades, debatir, buscar soluciones a problemas sociales, criticar acuerdos o acciones estatales que se consideran injustas y hasta ilícitas”.
Pero, alerta que “si bien estas herramientas significan una oportunidad para que periodistas, activistas y ciudadanía en general, interactúen, compartan, opinen, divulguen, critiquen y pregunten de manera directa; también representan una vía de riesgo para todo aquel que cuestione cualquier decisión gubernamental. Estas acciones, que se desprenden por opinar o criticar a través del mundo digital, también se ven traducidas en serias restricciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública en línea”.
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Los bloqueos y quiénes lo realizan
“Existe la necesidad de establecer políticas que garanticen el acceso a la información pública a través de cualquier vía para que haya transparencia”, apunta Rodríguez.
Y advirtió que “actualmente existe una cultura en la opacidad informativa dentro de la gestión pública que tiene consecuencias tanto fuera de línea como en internet”.
La activista informó acerca de una encuesta de la ONG entre periodistas y defensores de derechos humanos, de la cual se supo de 46 bloqueos desde las cuentas de funcionarios públicos.
“De los usuarios bloqueados, 50% son periodistas/reporteros, mientras que 49% son a defensores de derechos humanos. Uno de los funcionarios venezolanos que bloquea con mayor frecuencia es Tarek William Saab”, Fiscal de Nicolás Maduro, indicó Rodríguez.
De acuerdo a la encuesta, Rodríguez reveló que los resultados obtenidos fueron los siguientes: “Tarek William Saab – 27 bloqueos, Diosdado Cabello – 7 bloqueos, Nicolás Maduro – 5 bloqueos, Elías Sayegh- 3 bloqueos”.
“Si bien Twitter no tiene la obligación legal de garantizar el derecho humano de la libertad de expresión, tiene la obligación de respetar derechos, y por lo tanto hay una vinculación con el tema de DDHH”, apunta Rodríguez.
Restricciones en ascenso
En el informe se alerta que “desde el año 2009 se observan restricciones a la libre expresión en internet, pero fue en 2014 el primer año que registró una escalada en la cantidad de personas detenidas por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno oficialista, año que coincidió con un contexto de alta conflictividad social y política”.
Denuncia que “en ese periodo, los contenidos publicados por las personas que fueron detenidas estuvieron relacionados con opiniones sobre temas políticos y la crisis nacional en sus diferentes tópicos, predicciones astrológicas, difusión de información pública, o casos de corrupción”.
Además, “el registro de los últimos cuatro años, apunta a un patrón restrictivo que limita la libre expresión y el acceso a la información. Del total de casos contabilizados entre 2018 y 2021, casi un cuarto corresponden a restricciones en internet. La cantidad se elevó en el año 2021 cuando se registraron más de 100 casos, lo que equivale a 42,62% del total documentado en materia de libertad de expresión, incluidas las vulneraciones fuera de línea”.
Violación fijada en una ley
Y lo peor es que el oficialismo redactó la “Ley Antibloqueo y la Ley contra el odio, las cuales amparan acciones que incumplen las obligaciones nacionales e internacionales respecto a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
En este sentido, “solo en 2021 registramos 17 casos de incitación al odio o invocación de la ley contra el odio, esto sumó al menos 13 detenciones arbitrarias”.
Este contexto “sugiere que para evitar el cuestionamiento mediático, algunos funcionarios públicos en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas en Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones, como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia, lo que en definitiva busca cerrar un mecanismo de debate, intercambio y participación, práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos”.
