Centrada en BLANQUEO de CAPITALES: claves de la segunda causa de la Fiscalía de EE. UU. contra Maduro
La investigación comenzó hace tiempo y estaría relacionada con Alex Saab.
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La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez en Miami y centrada en delitos de blanqueo de capitales.
Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso consultadas por ABC, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en Estados Unidos tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero en Caracas, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores.
Aún no ha sido imputado por esos delitos, que deberán pasar por un gran jurado. Maduro, que tiene 63 años, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por la causa abierta en Nueva York, donde se ha declarado no culpable de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.
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Al sur de Florida
La nueva línea de investigación está en manos de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, un departamento del Ministerio Público con larga experiencia en los casos de corrupción venezolana, blanqueo de capitales y redes financieras del chavismo.
Al frente de las pesquisas está Michael Berger, fiscal federal de Miami especializado en casos penales internacionales, con participación de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y del fisco estadounidense (IRS).
Según las fuentes consultadas, varios fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar investigaciones abiertas relacionadas con Maduro y con Alex Saab, el empresario colombiano nacionalizado venezolano considerado durante años por Washington uno de los principales operadores financieros del régimen.
Saab fue extraditado la semana pasada y ahora se enfrenta a juicio por fraude y corrupción.
Para Maduro, la investigación de Florida abre una vía distinta a la causa de Manhattan. El caso de Nueva York se basa en una acusación presentada originalmente en 2020, durante el primer mandato de Trump, y fue utilizado formalmente por la Casa Blanca como justificación legal para la operación de fuerzas especiales que depuso a Maduro y lo trasladó a Estados Unidos.
Esa imputación sostiene que Maduro entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones usados por blanqueadores de dinero para repatriar beneficios del narcotráfico desde México a Venezuela.
Pero entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca existen dudas sobre la solidez del caso neoyorquino, en parte porque no incluye cargos de blanqueo de capitales, y queda a merced de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.
Alternativa
La causa de Miami puede servir como vía alternativa si aparecen complicaciones legales en Nueva York. Donald Trump ya sugirió abiertamente en marzo que Maduro podría enfrentarse a más cargos en Estados Unidos.
En declaraciones desde la Casa Blanca en una reunión de su gabinete, el presidente aseguró que aquel debe ser «el primero de muchos» porque, a su juicio, al exdirigente venezolano «solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió».
Alex Saab, pieza clave
El foco en el blanqueo responde a una prioridad antigua de los fiscales del sur de Florida: seguir el dinero del chavismo e identificar cuentas, intermediarios, sociedades pantalla y flujos financieros vinculados a dirigentes venezolanos. Es una tarea que durante años ha sido difícil por la opacidad de las estructuras usadas para mover fondos fuera de Venezuela.
El nombre que une esa línea financiera con Maduro es Alex Saab, su testaferro. La Fiscalía de Miami desclasificó esta semana nuevos cargos de blanqueo contra él por su presunto papel en una trama vinculada al programa público venezolano de alimentos CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción.
Saab ya había pasado dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde, antes de recibir un indulto de Joe Biden en 2023 y regresar a Venezuela dentro de un canje de presos con el Gobierno de Maduro. Ahora ha sido deportado de nuevo a Estados Unidos y acusado por un solo cargo de blanqueo en una imputación obtenida en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a territorio soberano norteamericano.
Los fiscales federales han mostrado especial interés en Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro en paraísos fiscales y otros lugares.
En 2021 ya figuraba como conspirador no acusado en un caso del Distrito Sur de Florida contra cinco personas por soborno y blanqueo de dinero vinculado al mismo programa estatal venezolano de ayuda alimentaria, lo que entre la oposición venezolana le valió el apodo de «empresario del hambre».
La nueva imputación vuelve a situar el programa CLAP en el centro de la trama y extiende los presuntos delitos hasta enero. Los nombres de los otros acusados aparecen tachados en el documento hecho público.
El Distrito Sur de Florida lleva años tratando de vincular a altos responsables venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos. Uno de los precedentes más relevantes fue Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, condenado en 2018 por su papel en una trama de cambio de divisas y blanqueo de dinero de 1.000 millones de dólares (860 millones de euros).
La dificultad ha sido siempre la misma: conectar de forma directa las cuentas y los flujos de dinero con los líderes políticos del chavismo.
Señal de cooperación
La deportación de Saab ha sido interpretada en Washington como una señal de cooperación más estrecha entre las autoridades estadounidenses y el nuevo poder venezolano bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro e interlocutora instalada por Trump.
Esa cooperación puede abrir ahora nuevas rutas de información para fiscales y agentes federales. La misma Fiscalía de Miami que investiga a Maduro ha impulsado los cargos contra Saab y también ha preparado la causa contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, que se presentó el 20 de mayo.
El Departamento de Justicia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco respondieron a correos de este medio los abogados de Maduro ni los de Saab. La investigación continúa abierta y, por ahora, no hay una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano en Miami.
Cerco a la corrupción venezolana
La nueva investigación de Miami amplía el cerco penal sobre la corrupción venezolana mientras Washington mantiene a Delcy Rodríguez en el poder como interlocutora de transición.
El objetivo inmediato es seguir el rastro del dinero de Maduro, Saab y otros operadores del chavismo, con varias líneas abiertas por blanqueo, programas públicos saqueados y fondos movidos a través de redes internacionales.
En este marco, Estados Unidos ha cooperado con la investigación en España sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, y sus cobros internacionales, entre ellos cuantiosas cantidades procedentes de Venezuela.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca intenta estabilizar Venezuela lo suficiente para atraer nuevas empresas, reabrir sectores estratégicos y convertir la cooperación de Delcy con la Justicia estadounidense en una vía para desmontar el viejo aparato financiero de Maduro sin hundir por completo el país.
De momento, no hay planes claros de Washington para unas elecciones libres a las que se puedan presentar los opositores. Trump ha dicho que este es momento de afianzar el país, y aún trabaja en garantizar la libertad de todos los presos políticos, ya que todavía quedan cientos en las cárceles del chavismo.
Con información de ABC

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