Se encienden las alarmas de juristas y defensores de los derechos humanos por los alcances de la Ley Contra el Fascismo. Sería el inicio para la conformación de un tribunal de Estado, que descasaría en el CNE, según analistas
La ley “antifascista” aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional ha generado preocupación y alerta en el derecho político en Venezuela, puesto que entre otras cosas, establece sanciones en materia electoral, convirtiendo así al CNE, en un tipo de tribunal del Estado.
Todo esta se da mientras justo este miércoles el gobierno de Noruega confirmó la llegada a Venezuela de una delegación para conversar tanto con el gobierno como con la oposición y así buscar una solución a la crisis política.
Según la nueva ley antifascismo, el CNE tendrá la potestad de cancelar a partidos políticos que a su juicio tengan como fundamento esta doctrina o ideología, un criterio evidentemente subjetivo, puesto que en Venezuela no existe formalmente tal concepción partidista.
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Una agravante importante de la ley es la vinculación de la tendencia liberal, al fascismo, que de por sí es contra natura, pero que pudiera ser utilizada para ilegalizar partidos como Vente Venezuela, de la candidata María Corina Machado, abiertamente identificado con esta corriente ideológica.
Una ley que se considera la segunda parte de la denominada Ley Contra el Odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, pero que en esta oportunidad contempla sanciones penales y administrativas.
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Según los juristas y defensores de los derechos humanos, los patrones fascistas que se pretenden judicializar han sido identificados en el actual sistema de gobierno como una práctica recurrente, por lo que, en teoría, esta ley va en contra de los propios principios del madurismo.
