La JEP le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, “llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil”
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Gobierno colombiano adoptar medidas de protección para garantizar la vida de los desmovilizados de las FARC, informó el alto tribunal.
La medida, según un comunicado de la JEP que llegó a la agencia EFE , se «tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales» de los exguerrilleros de las FARC que están sometidos a la jurisdicción.
La información agrega que “más de 200 comparecientes han sido asesinados, fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc” de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), especializado en estudios de paz.
En esa dirección, la JEP le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y a la Unidad Nacional de Protección “llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil”.
Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias «la grave condición de seguridad» y las razones que llevaron a efectuar el traslado de 93 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del caserío Santa Lucía, en Ituango, al municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
