La CIDH y el Servicio Jesuita de Migrantes condenan las manifestaciones de xenofobia contra los migrantes venezolanos en Chile
Los organismos internacionales defensores de los derechos humanos tienen en la mira a Chile. Esto por el desalojo violento de migrantes, en su mayoría de venezolanos, en la localidad norteña de Iquique.
Uno de estos organismos es la Comisión Interamericana de DD.HH. que expresó su “condena” al “violento desalojo masivo de personas migrantes, en su mayoría venezolanas, que se llevó a cabo en la Plaza Brasil de Iquique. Según información, en el lugar se encontraban familias con niñas y niños”, dijo en su cuenta en Twitter.
Asimismo, la “CIDH expresa su preocupación por los actos xenofóbicos ocurridos también en Iquique el 25 de septiembre”. Recuerda que allí “grupos ‘antinmigrantes’ prendieron fuego a las carpas y pertenencias de familias migrantes venezolanas, sin que la policía interviniera para impedir dichos hechos”.
El organismo recordó que “el uso de la fuerza por agentes estatales debe regirse por principios de finalidad legítima, absoluta necesidad, proporcionalidad y progresividad; y que el Estado debe actuar para prevenir y eliminar cualquier acto discriminatorio contra personas migrantes”.
En este sentido, “la CIDH urge a Chile a adoptar medidas urgentes para prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, así como a observar los principios que rigen el uso de la fuerza. Ello, a la luz del principio de no discriminación”.
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Una política fracasada
Por su parte, Carlos Figueroa, miembro del Servicio Jesuita de Migrantes en Chile, calificó como una “política fracasada” la actuación de las autoridades chilenas con los migrantes.
“Hay que establecer una política migratoria con albergues, iniciar caminos para la regularización y un trabajo sanitario. La Migración es un hecho consumado, que debe abordarse desde lo humanitario y generando además un trabajo con la sociedad de acogida”, recomendó.
“Una verdadera política migratoria tiene que incluir pilares que favorezcan a los que migran y a quienes viven acá, usando visas y solicitudes de refugio, que se solicitan, pero que Chile rechaza”, añadió.
“Las expulsiones generan temor en los migrantes de ir a servicios públicos y quienes ingresan por paso no habilitado, por lo mismo, evitan autodenunciarse; además se pasa a llevar el derecho internacional (…) y aumenta irregularidad. Es una política fracasada”, sentenció.
