El proyecto, que prevé ser discutido el próximo jueves, contempla que la cooperación que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nicaragüenses y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el sandinismo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió este martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) una iniciativa de Ley para regular la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país centroamericano.
El proyecto, que prevé ser discutido el próximo jueves, contempla que la cooperación que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nicaragüenses y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el Gobierno de Nicaragua, reseña EFE.
En su exposición de motivos, Ortega indicó que el objetivo es regular las acciones que desarrolla la cooperación en Nicaragua y garantizar que se cumpla «con las finalidades para las que están siendo recibidas».
«En tal sentido, en aras de fortalecer la cooperación internacional dirigida al bienestar de las familias y comunidades nicaragüenses, considera oportuno contar con normas legales que aseguren el buen uso de la cooperación», alegó el mandatario sandinista.
El pasado 2 de septiembre, Ortega dijo que Estados Unidos intentó «acabar» con su Gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y que, en ese presunto complot, preparó, entrenó, organizó y utilizó a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Ortega, que no ofreció pruebas, tildó entonces de «jauría internacional» a los organismos internacionales y a los países que criticaron su respuesta a la revuelta popular que estalló en Nicaragua, porque, a su juicio, creyeron que él se iba a rendir.
Lea también: BOLSONARO EN EL OJO DEL HURACÁN: policía asegura que tuvo “participación activa” en plan de golpe en 2022
Desde que estalló la crisis en abril de 2018, las autoridades han disuelto más de 5.600 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esas ONG al Estado.
Con información de EFE