Hasta 600 empresas públicas pudiesen volver a manos privadas, lo que ha generado expectativas en los sectores comercial e industrial
Según diversas fuentes del sector industrial, el Gobierno de Nicolás Maduro estaría preparando la privatización de más de 500 empresas públicas, de las cuales 350 ya están listas para ser transferidas a la administración de inversionistas prioritariamente nacionales, a través de venta directa o de alianzas entre el Estado y el capital privado.
Recientemente, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, informó que hasta 600 empresas estarían involucradas en este proceso, lo que ha generado expectativas en el sector comercial, pero del que piden celeridad ante la caída sostenida de la producción nacional. Johan Álvarez con los detalles.
“Estamos pidiendo que se avance lo más rápido que se pueda. Fue anunciado pero a veces notamos que se anuncian algunas cosas y no tenemos la respuesta como esperamos, como debe ser. Por eso, dentro de estos puntos coyunturales estamos pidiendo en el sector oficial acelerar en ese sentido, de manera que esas 350 industrias pasen a ser, en algunos casos, cargas fiscal a ser productos de tributos”, expresa Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio.
De acuerdo a información divulgada por el propio sector industrial, Nicolás Maduro habría comunicado el interés de dar prioridad al capital privado en esta iniciativa, que estaría coordinando el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, y en la que la vicepresidenta Delcy Rodríguez también advirtió que el Gobierno está en disposición de involucrar a inversionistas nacionales en proyectos de producción petrolera y gasífera.
“Consideramos que hay un grupo de empresas que deberían estar en manos del sector privado, pagando impuestos y generando empleos en el país, agilizando los procedimientos para las 350 industrias aprobadas por el Gobierno venezolano para formar parte de un proyecto que contempla la inversión o alianzas con la empresa privada nacional para reactivar la operatividad de espacios dedicados a las áreas petroleras, gasíferas, la industria del hierro y el aluminio”, agrega Valecillos.
Desde Consecomercio también consideran necesaria la reducción del tamaño del Estado, para disminuir el déficit fiscal y paliar la voraz política tributaria que ha tenido consecuencias en el esquema de sueldos y salarios, pese a que el Gobierno y los gremios sostienen que el país ha experimentado un crecimiento económico durante los últimos años.
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“Los años 2022-2023, y probablemente 24, es bastante probable que se haya podido ver un crecimiento económico, que ha sido demasiado bajo para lo mucho que se ha caído, y por eso muchas personas no lo ven en la calle, no lo sienten. Lo otro es que el salario tiene casi tres años estancado y salario mínimo y la bonificación salarial que se ha ido impulsando ha destruido la seguridad social a la mayoría de los trabajadores”, argumenta por otra parte el economista Manuel Sutherland.
Esta posible privatización de empresas ha generado rechazo en ciertos sectores que no ven positivo el capital privado luego de una política de expropiación impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, desde el gremio empresarial hay incertidumbre por la falta de garantías jurídicas y un panorama no tan claro sobre en qué condiciones se encuentran estas empresas.
Con información de Johan Álvarez
