Defensoría de COLOMBIA alerta por la crisis estructural del sistema penitenciario
"Se requieren con urgencia soluciones reales y sostenibles"
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La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó este jueves su «profunda indignación, consternación y tristeza» por la crisis «estructural» del sistema carcelario que atraviesa el país, tras un incendio en el que murieron siete detenidos en la estación de Policía de Funza, en el departamento de Cundinamarca.
«Ninguna persona bajo custodia del Estado debe morir ni ser sometida a condiciones que pongan en riesgo su vida, su integridad o su dignidad», expresó la entidad en un comunicado.
La organización subrayó que lo ocurrido no puede verse como un hecho aislado, sino como una «señal de alarma» que refleja «vulneraciones sistemáticas» de derechos humanos en estos espacios de reclusión.
“Esta tragedia no puede ser tratada como un hecho aislado: es una señal de alarma que exige respuestas inmediatas, firmes y coordinadas por parte del Estado colombiano, frente a una vulneración sistemática de derechos humanos que la Corte Constitucional ha reconocido respecto de las 22.978 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria. Ellas requieren con urgencia soluciones reales y sostenibles que garanticen sus derechos y les permitan vivir en condiciones dignas, como lo ordenan la Constitución y los estándares internacionales”, dice el escrito.
Agrega que “el Estado tiene el deber ineludible de proteger la vida y garantizar condiciones humanas y seguras a todas las personas privadas de la libertad, sin excepción. Lo ocurrido en Funza evidencia, una vez más, las fallas estructurales que persisten en los centros de detención transitoria y que deben ser enfrentadas con determinación”.
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El incendio en la estación policial de Funza se produjo la noche del martes, tras una discusión entre detenidos que prendieron fuego a colchones, lo que generó una densa humareda que causó la muerte de seis internos en el lugar y posteriormente de un séptimo en el hospital.
Otras cinco personas permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos y tres policías también resultaron afectados por la inhalación de gases, según reportaron las autoridades locales.
La Defensoría responsabilizó a la «inacción histórica» de entidades territoriales por «no construir ni suscribir convenios» con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad pública colombiana encargada de las cárceles.
Según la información, la ausencia de planes para el «traslado oportuno de personas privadas de la libertad» es lo que ha derivado en hacinamiento y condiciones indignas en estaciones de Policía.
Con información de Efe y Defensoría del Pueblo
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