La Corte Internacional de Justicia convocó audiencias para discutir las medidas que se tomarán sobre el referéndum consultivo convocado por la administración de Nicolás Maduro
Este viernes, se pronunció la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la tensa situación que se vive entre Venezuela y Guyana respecto a la disputa de los territorios.
En ese sentido, emitió un comunicado en el que convocó audiencias públicas el 14 de noviembre para discutir las «medidas cautelares» solicitadas por Guyana, con respecto al reférendum consultivo convocado por Nicolás Maduro en defensa del Esequibo.
De acuerdo a lo comunicado mediante redes sociales, en primera instancia se reunirán con el gobierno de Guyana de 10 a 11:30 am.
Mientras que harán lo propio con el gobierno de Venezuela desde las 3:00 pm a 4:30 pm.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Guyana in the case concerning Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on 14 November 2023. Watch live on @UNWebTV https://t.co/jydUUNX0Ar pic.twitter.com/POOeGDKjka
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 3, 2023
Contrademandar ante la CIJ
Hace varios meses, escaló el conflicto entre Venezuela y Guyana, luego de que este último comenzara a negociar recursos que se encuentran en aguas no delimitadas.
En medio de esta situación, en la que muchos funcionarios de la comunidad internacional se muestran a favor de Guyana, el abogado litigante Carlos Ramirez López, sugirió que Venezuela presente una contrademanda ante la Corte exigiendo al menos tres puntos:
1) Cautelar para el retiro inmediato de la invasión que viene ejecutando Guyana en el territorio cuya propiedad pretende se le reconozca en ese juicio.
2) Rendición de cuentas del provecho económico que ha estado obteniendo en su ilegítima ocupación del territorio en disputa.
3) Garantía de indisponibilidad de los dineros que ha percibido y que estén por percibir de las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales del suelo y subsuelo del territorio en disputa, dineros que deben quedar depositados en una cuenta bancaria a disposición de la CIJ.