Dudan del «éxito» de operación en cárceles: Gobierno ahora retoma «autoridad» que había «cedido» a pranes

El experto Humberto Prado señala que el plan gubernamental para desmantelar estructuras criminales que operan en las cárceles venezolanas ha estado marcado por irregularidades, fallas y falta de información

El director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera «necesario que el Gobierno retome la autoridad en las cárceles», que «había entregado» a pranes, quienes, a su juicio, desarrollaron sus estructuras «bajo la mirada cómplice del Estado».

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Prado pone en duda el «éxito» del cual el Gobierno venezolano se ufana tras las tomas de seis cárceles a través de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, desplegado desde el mes de septiembre.

Señala que el plan gubernamental para desmantelar estructuras criminales que operan en las cárceles venezolanas ha estado marcado por irregularidades, fallas y falta de información.

Con la intervención de seis penales en menos de dos meses: Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa y ahora el Internado Judicial de Trujillo se persigue «reimpulso del sistema penitenciario» y la recuperación del «control total» de estos centros, según el Gobierno, «que no explica cuándo se perdió ni por qué», crítica el director de la OVP.

Los balances oficiales han sido, según dijo Prado a la agencia EFE, incompletos, y durante los operativos se han registrado fallas e irregularidades relacionadas con traslados, fugas y muertes.

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Además cuestionó que la operación tuviera un enfoque «militar» y «policial», en lugar de «social y penitenciario», con un despliegue de funcionarios que consideró poco creíble, como en el caso de los «más de 11.000» que, según el Gobierno, intervinieron Tocorón, una cantidad que «no cabe» en este recinto.

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Silencio mortal

Por otra parte, expresó que ha habido un total silencio sobre la «situación de personas que han muerto», que fueron, según el OVP, cinco reclusos los fallecidos durante el operativo en Tocuyito.

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Contó que uno, de 27 años, falleció al no recibir atención médica por un ataque de epilepsia que sufrió en medio de la intervención, que los funcionarios iniciaron «tirando bombas lacrimógenas».

«De esto no se habla, y a nosotros nos preocupa», dijo Prado, quien aseguró que «tampoco ha habido información» suficiente sobre el traslado de los reos a otros centros, lo que genera zozobra en familiares.

Con información de EFE