La ONG argumenta que no se puede privar a este derecho humano a los reclusos
“El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto. Este precepto constitucional no excluye a las personas privadas de libertad, lo que además es respaldado por el artículo 19 que establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos humanos, tal como la participación política, sin discriminación, de manera irrenunciable, indivisible e interdependiente”.
Este argumentó fue esgrimido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ONG que solicitó a través de una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) la garantía del derecho al sufragio de la población reclusa, en Venezuela, a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En el escrito, el OVP destaca que “siendo la interdicción civil y la inhabilitación política condicionantes para que una persona pueda ejercer el derecho al voto, cabe destacar que ambas son penas accesorias, definidas en el artículo 11 del Código Penal venezolano (CPV), como aquellas a “las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente”.
Explica que “la prisión es una pena principal y corporal, que de conformidad con el artículo 16, puede estar acompañada de la inhabilitación política, como pena accesoria, durante el tiempo que dure la condena”.
Por tanto, “en atención al artículo 64 de la Constitución, que consagra los requisitos para que una persona pueda ser electora, y en concordancia con el Código Penal, tenemos que solamente mediante una sentencia judicial dictada en un proceso de interdicción civil, y en los casos de una condena judicial penal, que establezca como pena accesoria la inhabilitación política, los venezolanos no pueden ejercer su derecho al sufragio”.
En ese sentido, “el artículo 24 del Código Penal es más determinante, ya que estipula de forma expresa que la inhabilitación política no puede imponerse como una pena principal sino como una pena accesoria a la prisión (y del presidio), produciendo como efecto la privación de los cargos públicos o políticos que tenga el penado, así como la incapacidad durante la condena, para obtener otros, “(…) y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio”.
Asimismo, en el documento consignado por OVP ante el CNE se enfatiza que el sufragio de la población privada de libertad es un derecho humano, establecido en el artículo 272 de la Constitución, al disponer que el Estado venezolano debe garantizar un sistema penitenciario que asegure “la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”; y “conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, según el artículo 19 de CRBV.
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Los Estados deben implementar medidas
El OVP aclara que los derechos políticos obligan a los Estados a implementar medidas que garanticen que todos sus ciudadanos puedan disfrutarlos plenamente en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, considera que “el Estado venezolano debe garantizar a la población reclusa el disfrute y goce de sus derechos, por lo que su deber es implementar medidas para garantizar el derecho al voto”.
De lo contrario, alerta que “se estaría yendo en contra de los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan a Venezuela como un país democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Finalmente, la ONG insiste en que el CNE “garantice el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que su inclusión contribuye a promover y cumplir con el propósito establecido en nuestro ordenamiento jurídico, asegurando la participación y el protagonismo de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más vulnerables”.
Vulnerables
En una entrevista con la agencia Efe, el director general del OVP, Humberto Prado, explicó que las personas que no tienen sentencia son «70%» de la población que «está en las cárceles» y «85%» de los que están en «los calabozos».
Por ello, la ONG pidió al CNE garantizar para esta población el derecho al voto, ya que al estar presos se encuentran en «una condición vulnerable».
