Fiscal de la CPI, KARIM KHAN, se separa oficialmente el caso Venezuela I
Khan no está de acuerdo con la medida de la Sala de Apelaciones de la CPI, peor la acata
A través de un documento oficial, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó formalmente su excusa para apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, o caso Venezuela I, dando cumplimiento con lo ordenado por la Sala de Apelaciones de ese organismo.
Se trata de un documento de varias páginas, fechado el 18 de agosto, donde Khan manifiesta que no está desacuerdo con la interpretación de los magistrados de la Sala de Apelaciones, pero asegura que acata plenamente la decisión.
El caso quedará bajo la responsabilidad del vicefiscal Mame Mandiaye Niang, con quien la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya se ha entrevistado.
“A pesar de discrepar respetuosamente con el razonamiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones y el proceso adoptado en este asunto, el Fiscal se atiene plenamente a la Decisión al solicitar la autorización de la Presidencia para recusarse de la situación de Venezuela I a la luz de dicha decisión”, dice el escrito consignado por Khan.
“Si la Presidencia concede esta solicitud de excusa, es evidente que el Fiscal se asegurará de no tener ninguna participación continua en la situación de Venezuela I ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida. No participará en modo alguno en la investigación ni en la labor legal de la situación. La situación seguirá bajo la supervisión del Fiscal Adjunto Niang”, añade.
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Cabe recordar que el 1 de agosto, los integrantes de la Sala de Apelaciones de la CPI determinaron que existían “motivos razonables para creer” que Khan incurrió en un conflicto de intereses debido a una “relación familiar, profesional y jerárquica” con su cuñada, la abogada Venkateswari Alagendra, quien ha representado legalmente al gobierno de Nicolás Maduro, ante la Corte.
Por ello, ordenaron al fiscal apartarse del caso y le otorgaron un plazo de tres semanas para presentar su excusa formal, de acuerdo con la Regla 35 del Reglamento de la Corte.
El origen del proceso se remonta a una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, encabezada por el activista Robert Carmona-Borjas, que denunció los posibles conflictos de interés en la conducción de la investigación conocida como Venezuela I, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde al menos 2014 en el marco de la represión a la disidencia y a las protestas.
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