Casi 200 ONG alertan que en este año electoral se pueden incrementar las violaciones a los DD. HH. en Venezuela
“El cese temporal y expulsión de oficiales de la OACNUDH de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia”.
La advertencia la hicieron casi 200 ONG en un comunicado, luego de que el presidente Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab, no solo ratificaran la expulsión, sino que acusaron a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. de fungir como “espías”.
“Queremos expresar nuestro más profundo rechazo” a la medida, destaca el comunicado, donde que “las graves violaciones de derechos humanos por las políticas de represión del Estado ocurridas durante las manifestaciones pacíficas entre los años 2014 y 2017 en todo el país, aumentaron la atención sobre la situación de Venezuela”.
¿Por qué estaban aquí?
En consecuencia, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, tuvieron que acudir cada vez con más frecuencia al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a cargo de las Naciones Unidas (ONU), en la búsqueda de protección, justicia y reparación.
“Desde ese momento, el ACNUDH tuvo un papel destacado en la presentación de informes documentados, objetivos, exhaustivos y contundentes acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, advirtiendo sobre la gravedad de sus patrones, que luego se convirtieron en una emergencia humanitaria compleja de gran escala”, agrega.
Por ello, “las evidencias de los patrones, junto con políticas de criminalización, persecución y amenazas al espacio cívico, dieron lugar a que el Consejo de Derechos Humanos extendiera mandato al ACNUDH para el seguimiento de Venezuela.
Recuerdan que tras su visita al país en 2019, la ACNUDH, acordó con el Estado venezolano la instalación de una oficina técnica en el terreno, mediante una carta de entendimiento, cuyas acciones primordiales fueron desde entonces:
1) la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos de la ONU
2) El apoyo a la sociedad civil
3) La asesoría técnica y formación a las instituciones del Estado para la reforma del sistema judicial, en normativas garantes y acordes con los estándares en derechos humanos
4) La evaluación continua y de manera creíble de la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno, incluyendo visitas in loco de Procedimientos o Relatores Especiales de la ONU.
De la presencia de esta oficina técnica del ACNUDH en Venezuela destacan dos objetivos aceptados por el Estado venezolano:
“Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos, mediante el establecimiento de una estrategia de alerta temprana, que incluya el desarrollo de un mecanismo conjunto de remisión de casos individuales de violaciones de los derechos humanos a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes”
“Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos humanos”.
Al transcurrir más de 3 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el día 13.02.24 el ACNUDH emitió un pronunciamiento vía red social X en el que lee: “#Venezuela Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”. El 14.02.24, se produce además una rueda de prensa del Relator sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, al final de su visita en el país por invitación del Estado entre los días 01 y 14 de febrero, presentando hallazgos de suma gravedad sobre la persistencia de las privaciones de acceso a este derecho en el país.
Venezuela no puede quedar desamparada
Las ONG insisten en que “la medida de expulsión de la OACNUDH de Venezuela constituye una grave decisión y un paso adicional del Estado venezolano para desproteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, actuales y potenciales, y a la sociedad civil en su conjunto”.
Alertan que “en un contexto de indefensión institucional, emergencia humanitaria compleja y ante próximas elecciones presidenciales, el Estado ha incrementado acciones para la confiscación de las libertades civiles y democráticas en el país con “La Furia Bolivariana” como política de vigilancia, control y persecución política”
A ello se suma “la intención de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional; el incremento de los ataques, detenciones y violaciones graves contra personas defensoras en el país”.
Las organizaciones sostienen que “mientras existan estas circunstancias, el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cumplen hoy un papel más claro e imperante en el país”
Sobre todo porque Venezuela está “a las puertas de un ciclo electoral presidencial en el que de manera cíclica se han incrementado de forma dramática los patrones de violaciones graves de los derechos humanos y la violencia contra la población, los mismos que dieron origen a la necesidad de la creación de estas tres instancias”.
Finalmente, las ONG alertan “sobre la posible agudización del problema migratorio en la región por razones políticas, la judicialización de amplios sectores de sociedad venezolana, la aplicación de leyes que inhabilitan la acción independiente de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el país y la región”.
Piden al alto comisionado Volker Turk, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y “a todos los órganos e instancias de la ONU el rechazo alto y claro, a esta acción inaceptable del Estado venezolano y a no cesar en su compromiso para proteger la vida, integridad y seguridad de nuestra población, la garantía de libertades y derechos de todas las personas y unas elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela”.
