Maduro, quien se hace llamar “el presidente obrero” hizo varias promesas el pasado 1 de mayo,. Se trata de antiguas promesas inviables que no plantean un cambio de fondo sobre las políticas públicas en materia socioeconómica
Desde el 1 de Mayo, Día del Trabajador, Nicolás Maduro ha hecho varias promesas de corte laboral que “son inviables”. Son seis promesas que el autodenominado “presidente obrero” no podrá cumplir, según la ONG, Acceso a la Justicia.
La primera es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. La ONG recuerda que “ya existe y es inviable”. Este fondo “no es nada novedoso. Desde hace casi una década existe la Ley Especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. También existe una disposición en la Ley Orgánica del Trabajo que establece la existencia de dicho Fondo.
“El hecho de que casi una década después este fondo no se haya creado genera dudas en relación con su funcionamiento y operación”, dice Acceso a la Justicia.
“Otro de los problemas de esta iniciativa es que es inconstitucional. Es contrario a los estándares internacionales en la materia. Esto se debe a que es potestad de los trabajadores decidir dónde quieren depositar o acreditar sus prestaciones sociales. No lo puede decidir el Gobierno en su lugar ni obligarlos a hacerlo de determinada manera”, agrega.
Además, “la propuesta es inviable porque los trabajadores no se fían del Estado. No es un secreto que el Estado tarda por lo menos tres años en pagar las prestaciones sociales a los empleados públicos que pasan a retiro”.
Lea también: Conflicto en Colombia comienza a afectar al comercio en el estado en Táchira
El petro de pies de barro
Maduro también propuso utilizar el petro para calcular las prestaciones sociales y para que las cajas de ahorros operen con él. La ONG dice que “la idea podría sonar atractiva, pero tampoco es nueva. Ya en 2018 Maduro había anunciado que el salario mínimo estaría anclado al petro, pero eso no ha ocurrido”.
Hasta ahora este criptoactivo solo ha servido para fijar algunas multas, tasas e indemnizaciones. El caso más célebre de su aplicación es en la indemnización que el diario El Nacional debe pagar “por el daño moral causado a Diosdado Cabello”.
Con respecto a las cajas de ahorros, para poder activarlas sería necesario reformar la ley que las rige. Acceso a la Justicia dice que “el anuncio es similar a lo que Maduro ofreció en 2018 sobre los certificados emitidos por el BCV. Estaban respaldados por «lingoticos» de oro. El plan no funcionó, porque ni los trabajadores ni sus cajas de ahorros confiaron en esa propuesta.
No hay defensa del empleo ni del salario
Maduro también prometió crear empleos mediante la promoción del emprendimiento. Hugo Chávez lo hizo en su momento y ahora Maduro lo retomó. Pero, “solo durante los trece años en que el primero estuvo en Miraflores más de 5.000 empresas fueron expropiadas o estatizadas”. Y hay otro tanto de empresas cerradas por Maduro en estos 7 años en Miraflores.
A lo anterior hay que sumarle la política de controles de precios y fiscalizaciones. Esto hace inviable más de un negocio en el país. “La combinación de ambas ha reducido las fuentes de empleo disponibles. De hecho, las cifras de desempleo proyectadas por el Fondo Monetario Internacional para Venezuela son de las más altas de la región.
Otra propuesta fue proteger el salario de los trabajadores mediante la lucha contra la inflación y el refuerzo del control de los precios.
Sin embargo, el pasado reciente siembra dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento. Bajo la actual administración, Venezuela entró en hiperinflación a finales de 2017, de la cual no ha salido ni parece que saldrá en el corto plazo, prueba de ello es la dolarización no oficial de la economía. Este fenómeno ha destruido el ingreso de los trabajadores, empobreciéndolos a unos niveles nunca vistos.
Si las autoridades tuvieran verdadera voluntad de defender el salario de los trabajadores hubieran cumplido con su promesa de anclar los sueldos al petro, lo cual se traduciría hoy en cerca de 28 dólares al mes.
El monto continuaría siendo uno de los más bajos de América Latina, pero al menos sería superior a los poco más de 2 dólares a los que equivalen los 7 millones de bolívares del salario mínimo, elevado mediante un decreto presidencial el pasado 1 de mayo.
Con relación al control de precios, basta recordar que desde 2003 las autoridades han dictado distintas normas y regulaciones que buscan evitar el alza indiscriminada de los precios de los productos, pero todas ellas han fracasado. Muestra de ello, es el actual ciclo inflacionario.
En efecto, este tipo de medidas lejos de incentivar la inversión privada lo que hacen es ahuyentarla. «El solo anuncio [de control de precios] genera cierto temor de cruzar fronteras [a los empresarios] y no funciona como un disuasorio de incremento de precios. Esto es regresar a los errores que nos trajeron a la situación que padecemos», declaró recientemente el economista Jesús Casique.
Pensiones y jubilados: cantos de sirenas
Maduro también ofreció recuperar las pensiones y proteger a los jubilados. En la actualidad, millones de venezolanos que trabajaron durante décadas no reciben ni siquiera 3 dólares al mes para sus gastos.
Incluso los que tienen dos jubilaciones por haber aportado a dos sistemas no pueden cubrir sus necesidades más elementales. ¿A dónde se fueron sus aportes, que en décadas pasadas les permitían percibir montos cercanos a 300 dólares mensuales?
Esta promesa también suena vacía, si se recuerda que el Gobierno de Maduro se ha negado a aplicar la Ley de Ticket Alimentación y Medicinas aprobada por la Asamblea Nacional en 2016 para beneficiar a los pensionados y jubilados. Este instrumento buscaba reforzar sus ingresos al otorgarles un beneficio del que disfrutan los trabajadores activos.
Contrataciones colectivas. ¿Cambiar para qué?
Maduro también propuso un nuevo modelo de contrataciones colectivas, pero no ahondó en el asunto. En la actualidad, las condiciones de las contrataciones colectivas se hacen por negociación directa entre el empleador y el sindicato o a través de federaciones por rama de actividad. Adicionalmente, dichas condiciones rigen por un mínimo de dos años, pudiendo permanecer en vigor hasta por tres años o hasta que se negocien otras nuevas.
Sin embargo, como ha documentado la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno venezolano ha puesto obstáculos a la posibilidad de que los trabajadores organizados puedan negociar con sus patronos sus condiciones de trabajo.
Uno de los más importantes es el requisito de la renovación de las autoridades de los sindicatos, para lo cual se requiere que el Consejo Nacional Electoral (CNE) supervise el proceso. Al encontrarse «en mora» a cientos de organizaciones se les han impedido la posibilidad de negociar contratos en detrimento de los trabajadores.
Consejos Productivos de Trabajadores
Maduro también planteó que los trabajadores asuman la conducción y dirección de las empresas, públicas o privadas, mediante los llamados Consejos Productivos de Trabajadores.
Esta figura está prevista en la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.336 del 6 de febrero de 2018.
El artículo 5 de dicho texto establece que estos consejos son organizaciones de carácter laboral (de naturaleza no sindical), conformadas con la finalidad de impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de bienes y servicios de las empresas. Dichos comités estarán integrados por hasta siete voceros (delegados) trabajadores, incluyendo a un trabajador miliciano.
La experiencia ha probado que ubicar a personas sin formación y ni capacitación correspondiente en cargos de responsabilidad no hace más que poner en riesgo la supervivencia de las empresas.
Una investigación de Transparencia Venezuela publicada en 2017 arrojó que el Estado gastó 20.000 millones de dólares en mantener su enorme e improductivo aparato industrial, más de lo que que destinó a la salud, vivienda y educación.
