Se trataría de Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, líder de la organización criminal, y Hernán Landaeta, alias “El Satanás”, presos en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago
El pasado 25 de enero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Chile, Daniel Urrutia, habría concedido beneficios a varios reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad, dos de ellos pertenecientes al Tren de Aragua, lo cual ha generado un conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial de ese país.
Según informó Meganoticias, el juez Urrutia permitió videollamadas de los reclusos con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
Esta medida, aplicada en la Cárcel Especial de Alta Seguridad, donde se encuentran criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por las autoridades penitenciarias al considerar que comprometía la seguridad del personal y de la población carcelaria, reseña CCN Chile.
La Fiscalía trabaja para revocar la decisión, la cual cataloga como “delitos graves”
A pesar de las objeciones, el juez ratificó su decisión, llevando a la institución a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.
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En su reclamo, destacaron la gravedad de la resolución, señalando que pone en riesgo la seguridad debido al perfil criminológico de la población penal y la operatividad del crimen organizado.
Ante esta situación, el pasado 13 de febrero se emitió una orden de no innovar que suspendió la resolución del juez, dando un plazo de dos días para que el tribunal de garantía presente un informe detallado sobre la decisión.
Estos individuos realizaron videollamadas con familiares desde la cárcel.
Se trataría de Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, líder de la organización criminal, y Hernán Landaeta, alias “El Satanás”, ambos habrían participado en estas comunicaciones durante una reunión autorizada con su abogado.
El alcaide (s) del penal, Sebastián Mérida, informó al juez de garantía sobre la situación, expresando que este tipo de eventos afecta la seguridad del establecimiento al desconocer la identidad de las personas con las que los imputados se comunican y que son resultado de la intervención de un tercero.
El caso es tan grave que hasta el Gobierno Chileno se involucró.
“Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en reseña de La Tercera.
