JUSTICIA de EE. UU. justifica incursión de EE. UU. para extracción de Maduro: no fue una invasión
La acción fue definida jurídicamente como "una captura extraterritorial de tipo extradición forzada"
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Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan la base legal de la operación “Absolute Resolve”, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, informó la cadena CNN.
Según un memorando fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, la acción fue definida jurídicamente como una captura extraterritorial de tipo extradición forzada, no como una invasión ni un intento de cambio de régimen.
El documento sostiene que Maduro no abandonaría el país voluntariamente, que el Estado venezolano no estaba dispuesto ni era capaz de extraditarlo y que existía un alto riesgo de resistencia armada ante un intento de detención convencional.
La opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés), que tiene entre 20 y 30 páginas, fue entregada a legisladores el martes, señalaron las fuentes.
El documento se basa en una opinión legal de 1989 elaborada por William Barr, quien en ese momento dirigía la OLC y más tarde se desempeñó como secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump.
Ese memorando argumentaba que un presidente Trump tenía una “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI detener personas en países extranjeros, incluso si ello violaba el derecho internacional.
La nueva opinión da ese punto por sentado, indicaron las fuentes, y establece que la única cuestión en debate es si Trump estaba limitado por alguna ley interna —específicamente, la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra— cuando ordenó la operación contra Maduro sin autorización del Congreso.
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El memorando detalla acusaciones de colaboración directa de Maduro con las FARC y redes del narcotráfico, facilitando el envío de cocaína hacia Estados Unidos y brindando protección institucional a organizaciones criminales.
También afirma que existen cargos formales en tribunales estadounidenses, pruebas de reuniones con líderes del narcotráfico y evaluaciones de inteligencia que describen a Venezuela como carente de Estado de derecho en los niveles superiores del poder, lo que impediría cualquier arresto legal interno.
La operación, según el texto, buscó capturarlo con vida, minimizar la presencia militar y evitar una escalada del conflicto.
En el plano legal, el Departamento de Justicia concluye que el presidente de Estados Unidos tenía autoridad constitucional para ordenar la operación sin aprobación previa del Congreso, al tratarse de una acción puntual vinculada a la seguridad nacional y a la aplicación de la ley penal.
No es un acto de guerra
La tercera sección del memorando subraya que el objetivo no era asesinar a Maduro sino arrestarlo, y que, al ser una operación policial con un objetivo definido, no constituye un acto de guerra ni viola el derecho internacional, encuadrándose en precedentes históricos de capturas extraterritoriales avaladas por la justicia estadounidense.
El dictamen concluye que Trump no estaba limitado por el derecho interno porque, en virtud del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, cuenta con autoridad como comandante en jefe para desplegar soldados y comprometer fuerzas en operaciones.
También sostiene que la escala, el alcance y la duración de la operación contra Maduro no alcanzaron el umbral de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso, según las fuentes.
“El presidente Trump está comprometido con la aplicación de la ley de Estados Unidos, y la entrega exitosa de Nicolás Maduro a Estados Unidos para que responda por toda una vida de delitos fue legal”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca al ser consultado sobre el memorando de la OLC.
“Este fue un esfuerzo de toda la administración para arrestar al líder de una importante organización terrorista extranjera dedicada al narcotráfico, que desde hace tiempo era prófugo de la justicia estadounidense. El Departamento de Justicia ejecuta de manera rutinaria órdenes federales de arresto en el extranjero”.
Funcionarios del Gobierno de Trump han argumentado que el ataque fue principalmente una operación de aplicación de la ley destinada a llevar ante la justicia a Maduro y a su esposa.
Legisladores demócratas, sin embargo, han sostenido que destituir al jefe de Estado de un país mediante el uso de la fuerza militar sí constituye un acto de guerra.
Las autoridades también han insistido en que la captura de Maduro no fue una operación de cambio de régimen, ya que el Gobierno de Venezuela permanece en gran medida intacto y ahora está dirigido por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, según ha informado CNN.
Con información de CNN
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