Los empresarios e industriales llevaron sus propuestas y alertaron que solo podrían aportar 6% del total del pago a los trabajadores y no 15% como establece la norma
La Asamblea Nacional (AN) sancionó en tiempo récord la Ley de Protección de las Pensiones que, básicamente, establece un aporte de 15% “del total de los pagos realizados a los trabajadores” que deberán entregar los empresarios, para crear un fondo de donde se sacarán los recursos para incrementar los ingresos de los abuelos.
Sin embargo, además del tiempo récord en que se sancionó la norma, puesto que no pasó una semana desde que el presidente Nicolás Maduro la anunció, el 1 de mayo, hasta que la AN le dio el aval, el Parlamento no escuchó las sugerencias que los principales afectados.
Y es que tanto Fedecámaras como Conindustria presentaron un documento a la comisión especial designada por la directiva de la AN para redactar el informe para la segunda discusión, en el cual señalaban cuál debía ser el monto del aporte de parte de los empresarios, con la finalidad de no causar estragos al sector, ahogado con el pago de unas 200 contribuciones al año.
“La alícuota debería ser establecida por la Ley conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6 %”, señala el escrito entregado por unos 45 representantes gremiales.
“La justificación de ello es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada”, agrega.
Asimismo, los afectados alertaron que cobrar “15 % sobre el ingreso integral mensual que pagan los empleadores del sector privado a sus trabajadores significa no solo un desestimulo a la contratación de trabajadores y al crecimiento del sector que ofrece empleos formales; sino que, a todas luces, es un escenario insostenible para cualquier compañía”.
Es más, advirtieron que ese impuesto les obligaría “a reducir la nómina y detener el avance sostenido de recuperación del ingreso de los trabajadores que han implementado hasta ahora, para poder cumplir con dicha contribución especial”.
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No le cambiaron casi nada
Aunque la AN cumplió con el proceso de consultas que exige la Constitución, en el proceso de elaboración de leyes que obliga a los diputados a dar dos discusiones a las normativas, el documento que se sancionó no se diferencia en casi nada del original que entregó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Una fuente del Parlamento, que pidió conservar su nombre de reserva, dijo a Impacto Venezuela que “solo se le cambiaron algunas comas, puntos, acentos y una que otra palabra, pero en el fondo quedó igual”.
