Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos incluye fijación de precios de "mutuo acuerdo"
Contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos
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La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que establece la fijación de precios de productos y servicios mediante un «mutuo acuerdo» entre el Estado y comerciantes.
“Es un punto de encuentro entre el Estado y los agentes económicos fijar los precios de mutuo acuerdo, a fin de garantizar el acceso a la población, pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. Tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles”, explicó el diputado por el PSUV, Ramón Lobo, al presentar el proyecto.
La propuesta, que requiere de una segunda discusión, fue iniciativa de la presidencia encargada “para defender el salario de los trabajadores”.
Sin embargo, la bancada opositora en la AN manifestó sus temores acerca de que la ley afecte la oferta de bienes y servicios.
La ley tiene 96 artículos y contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Sistema Nacional de Observación de Precios.
Lobo indicó que el texto establece un «esquema sancionatorio» sin ofrecer mayores detalles al respecto.
Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, miembro de la bancada Libertad que integra el exgobernador Henrique Capriles, dijo que el proyecto de ley tiene unos «nudos críticos» que podrían afectar la oferta de bienes y servicios en el país.
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«Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta, no hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío», señaló.
Bracho apuntó que la «verdadera protección» es la abundancia, la competencia y no el «control asfixiante», por lo que cree que esta es una ley de «control de producción y control al consumidor» y ante lo expuesto su fracción salvó el voto.
El Gobierno de Venezuela fijó precios de productos y servicios en 2015, una política que se fue endureciendo hasta 2018, cuando los controles empezaron a flexibilizarse hasta que se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó a la población.
Con información de Efe y prensa AN
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