La libertad para escoger al candidato opositor, el cronograma apretado para las elecciones, fallas en el Registro Electoral y la observación internacional son puntos del acuerdo que han sido ajustados a los deseos del oficialismo
Luego de meses de conversaciones e incertidumbre, en octubre del año pasado de logró la firma del Acuerdo de Barbados entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, que a estas alturas y según analistas, luce como una especie de “burla”, sobre todo de parte del oficialismo.
El acuerdo vio la luz el 17 de octubre en Barbados, de allí su nombre, e implicaba una serie de compromisos de corte electoral y político que marcaba una ruta para unas elecciones aceptadas por ambas partes, reseña una publicación de la Voz de América.
Pero, la oposición y el gobierno no estuvieron solos, como testigos y garantes, sobre todo de parte del reino de Noruega, en la firma participaron delegados de alto nivel de Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, Países Bajos y Rusia, entre otros.
Seis meses después, ya hay un cronograma electoral y fecha para las elecciones, pero, han pasado tantas cosas alrededor de estos comicios, que los expertos aseguran que ese convenio casi no existe.
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Una burla
Para el politólogo, José Vicente Carrasquero, el comportamiento del gobierno de Maduro en este tiempo es “básicamente como una burla”.
“El irrespeto a varios numerales del Acuerdo puede afectar el grado de legitimidad de la elección, prevista para el 28 de julio próximo”, dijo.
La selección del rival
El primer acuerdo de las partes en Barbados fue reconocer y respetar “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, según lo establecido en la Constitución nacional y las leyes.
Este punto ha sido “irrespetado gravemente por el oficialismo al desconocer la primaria opositora de octubre, ganada por la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos”, alertó el experto en ciencias políticas y electorales, Jesús Castellanos
Puntualizó que el oficialismo “persiguió jurídica y políticamente a miembros de la comisión que organizó la primaria, ratificó la inhabilitación de Machado, inhabilitó partidos opositores por medidas del CNE” y “dificultó postulaciones de la sustituta de la ganadora de la primaria, la académica Corina Yoris”.
A estas alturas, el analista destaca que las dos tarjetas disponibles para la oposición inscribieron a última hora dos candidatos que no se tenían en cuenta en el lapso de postulaciones: Zulia, Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia, que esperar sustituir pronto.
En este sentido, el analista Leandro Rodríguez Linares estimó que “el reemplazo de Rosales o González Urrutia, que debe ocurrir antes del 20 de abril, si la oposición desea que esos cambios se reflejen en el tarjetón el día de la elección, depende de la voluntad política del chavismo”.
También advirtió que las negaciones de las postulaciones de Machado o, en su defecto, de su sustituta por consenso “no tienen explicaciones jurídicas ni políticas”, citando lo dicho en iguales términos por el presidente de Brasil.
La fecha de la elección y el cronograma apretado
El chavismo y la oposición acordaron en Barbados “proponer” que la elección se celebrara en el segundo semestre del año. Este es un punto que se cumplió en el papel, convocada la elección para finales de julio, pero la fecha no fue pactada por ambos bloques.
Castellanos, por su lado, consideró que planificar el proceso comicial en sólo 4 meses y medio no beneficia que haya “mejores condiciones electorales”.
La votación ocurrirá 6 meses antes de la juramentación del presidente que sea elegido el 28 de julio, además.
Antes de la convocatoria, el chavismo promovió conversaciones políticas en la capital venezolana con candidatos, dirigentes políticos y partidos ajenos a la oposición tradicional con la que negoció en Barbados, con el fin de presentar una propuesta de fecha y condiciones electorales al CNE, cuyo resultado bautizó como el Acuerdo de Caracas.
Rodríguez Linares, por su parte, advirtió que la fecha ha favorecido que no haya “un escenario electoral limpio y transparente” en las distintas fases del cronograma, por lo que consideró que es “factible” que se discuta seriamente la posibilidad de postergarla.
En 2018, las controvertidas elecciones presidenciales se postergaron algunas semanas tras un acuerdo entre el gobierno venezolano y el candidato antichavista Henri Falcón: se movieron de la fecha inicial, el 22 de abril, al 20 de mayo. La oposición tradicional decidió no participar en esas votaciones alegando su convocatoria ilegítima y fraudulenta.
Carrasquero, por su lado, subrayó las denuncias de un “descarado desequilibrio legal a favor del régimen” en las pautas del proceso decididas en el CNE.
La actualización del registro de votantes
El chavismo y sus opositores prometieron en Barbados que la actualización del padrón de votantes, conocido en Venezuela como el Registro Electoral, incluyera jornadas especiales de inscripción, campañas de información, continuidad del proceso de cedulación en todo el país (con operativos especiales) y atención especial para jornadas del padrón en el extranjero, “sin más limitaciones que las previstas en la Constitución con la ley”.
La jornada aprobada por el CNE “no garantiza la inscripción y actualización de millones de venezolanos” en los términos planteados, en sólo 1 mes, con retrasos y horarios limitados en la atención al elector en los puntos de actualización de datos, evaluó Castellanos.
Calificó de “extremadamente grave” la vulneración de los derechos de los venezolanos que residen en el extranjero, donde el personal de consulados y embajadas exigen “condiciones por encima de las ya restrictivas de ley”, como tener el pasaporte vigente y contar con una residencia definitiva en al país anfitrión, “en clara violación” de la Constitución.
“También, destacan el tardío inicio de la jornada entre semana y media o dos de retraso (desde el inicio de la jornada extraordinaria), el irrespeto del concepto de días continuos -no prestan servicio sábados y domingos-”, indicó.
La observación internacional, apenas en marcha
Los Acuerdos de Barbados contemplan invitaciones a misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
Esta semana, comenzaron a llegar a Caracas misiones exploratorias para esa observación de Europa y el Centro Carter. Elvis Amoroso, presidente del CNE, advirtió a los observadores que pueden hacer veeduría electoral, pero deben “respetar la normativa venezolana”.
Aún es pronto para evaluar el punto sobre la observación electoral extranjera, advirtió Castellanos.
Rodríguez Linares, por su lado, estimó que esas misiones “no darán un giro muy importante” en comparación con sus actuaciones en elecciones pasadas en Venezuela, matizando que sus actuaciones no tendrán mayor influencia en el “desenlace” de la votación de julio.
