Afirmó que existe una campaña para hacer ver a los jóvenes detenidos como mansos corderos, pero que “no son presos políticos” y, si cometieron delitos, deben pagar
Nicolás Maduro reitero este lunes en su programa semanal que María Corina Machado ya no está en Venezuela. Aseguró que está en Colombia y es financiada por el narcotráfico de ese país.
“La asesina y criminal de la Machado se fue del país a conspirar, está en Colombia y el narcotráfico la está financiando”. acusó.
El mandatario nacional afirmó que Machado, con su terrorismo, planea poner “una bomba por acá y otra por allá”.
No son presos políticos
Con respecto a acusaciones de familiares, instituciones internacionales y organismos no gubernamentales de derechos humanos que denuncian en los medios y a través de redes sociales sobre la detención injustificada de menores de edad tras el evento electoral del 28 de julio, Maduro sentenció que “no son presos políticos”.
“Ellos quieren sensibilizar a la sociedad venezolana. Hay unos muchachos jovencitos, y Maduro los tiene presos. Ni presos políticos, ni Maduro, es la justicia. Están convictos, confesos, y están los videos de TikTok, Instagram, que ellos mismos sacaron cuando amenazaron, cuando balearon, cuando quemaron”.
“Violaron el derecho a la paz y la vida (…) y la señora Machado es la responsable de esos eventos”, aseguró.
“AVALANCHA DE MENTIRAS” 🗣️
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 11, 2024
Nicolás Maduro afirmó que es necesario redoblar esfuerzos en comunicar todo lo que se hace por el bienestar del país, “ante la avalancha de ataques, de mentiras, de Fake News que trata de imponer la ultraderecha sobre Venezuela”. pic.twitter.com/LPD7bq6gVL
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Se defendió señalando que hay una gran manipulación en los medios para tratar de lavarle la cara al fascismo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Cerró con la sentencia: “Tiene que haber justicia. Los que son menores de edad tienen un tratamiento diferente, pero también deben pagar por sus delitos”.
Sin embargo, instó al fiscal general y a los jueces del país a revisar casos con errores procedimentales y asegurar que la justicia se aplique supuestamente de manera imparcial.
