El camino para el proceso investigativo va desde la determinación de los hechos, hasta la certificación de los culpables. El gobernante y su séquito se defenderán como “gata patas arriba”
Por muchas razones el nombre de Venezuela siempre ha estado entre los primeros escaños de listas de situaciones favorables en América Latina. Volvimos a alcanzar el primer lugar en otra gran clasificación, pero esta vez es la no tan favorable lista de países investigados por delitos de Lesa Humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El pasado 31 de octubre arribó al país Karim Khan, fiscal de la CPI, quien atendiendo una “invitación” del Gobierno de Venezuela (término técnico y protocolar dentro del proceso) acude a la nación en el marco de la fase preliminar sobre las acusaciones en contra del Estado por violaciones en materia de Derechos Humanos.
La visita del magistrado internacional consolida el inicio de una nueva fase ante la acusación. Después de tres días de jornadas de trabajo y entrevistas con los que representan el poder ejecutivo y judicial en el país, Khan lanza la noticia al mundo. Existen suficientes indicios que llevan a la CPI a cerrar la fase de verificación y comenzar la fase de investigación.
Por supuesto que esto no es del agrado de Nicolás Maduro y sus personeros, pero obligados por el Estatuto de Roma, deben acceder y comprometerse a colaborar con la CPI en todo lo que sea inherente a la investigación.
¿Por qué somos los primeros en la lista de la CPI?
Gonzalo Himiob, miembro de la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Foro Penal, expresa que en la CPI se manejan muchos casos y situaciones.
Casos en África y Asia hay suficientes. En América Latina hay ahora solamente dos casos en fase de examen preliminar; el expediente Venezuela II y un caso expuesto por Bolivia recientemente. El otro que reposaba acaba de ser cerrado por Khan en su visita a Colombia. Todos estos eran o están en fase preliminar.
No había caso en fase de investigación en este lado del mundo, hasta que este miércoles #03Nov habló el fiscal de la CPI.
“Hay muchos casos en este momento manejándose ante esas instancias, pero lo verdaderamente novedoso es que en Venezuela se ha abierto la posibilidad por primera vez que en un país de América Latina se investigue a un país o apersonas de ese país, como responsables de crímenes de Lesa Humanidad”, dijo Himiob.
“Lo que es inédito es que se haya abierto una investigación sobre crímenes de Lesa humanidad cometidos en América Latina. Esto no había pasado nunca. Es la primera vez que pasa. Venezuela tiene lamentablemente el triste mérito de ser el primer país de América Latina sobre el cual se abre una investigación sobre delitos de Lesa Humanidad”, indica Himiob.
Otro que se ha expresado al respecto es el abogado Joel García, litigante venezolano que tiene un número considerable de presos políticos y casos presentados ante la CPI.
García considera que lo novedoso no solamente está en que es Venezuela el primer país investigado en Latinoamérica por la CPI, sino que dentro de la investigación, los funcionarios señalados se mantienen en ejercicio.
“Debemos recordar que la CPI no solo va contra el autor material de los hechos, sino también va tras la responsabilidad de los superiores jerarcas. Y es precisamente en estos casos cuando el crimen se deriva de una política generalizada y sistemática hacia un sector de la población. Eso viene acompañado de órdenes superiores. Y esos superiores jerárquicos tienen que ser de alguna manera responsables de estos hechos”. Manifiesta García.
El abogado sostiene que no se puede obviar que en el mundo policial y militar sus miembros se fundamentan en tres pilares: La obediencia, la subordinación y la disciplina. “Siempre ellos actúan cumpliendo órdenes. Ahora, si estos crímenes sistematizados no obedecieran a órdenes, también la omisión, es decir, el hacerse la vista gorda, no ver que se están cometiendo esos hechos, acarrea responsabilidad de esos superiores”.
Estas palabras de García remiten a casos como los del joven José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo y David Vallenilla, sobre los cuales hubo un veredicto y hay más de 20 funcionarios de bajo rango detenidos y procesados al respecto.
Ante la CPI como “gatas patas arriba”
Himiob expone que dentro del venidero proceso, la administración de Nicolás Maduro deberá exponer sus alegatos relacionados a las sanciones que haya llevado a cabo y responder si hubo o no omisiones.
“Evidentemente el Gobierno de Venezuela, en uso de las facultades y las atribuciones que les da a los Estados partes el Estatuto de Roma, va a tratar de demostrar continuamente que no es necesaria esa investigación en la CPI y que en Venezuela si estarían dadas las condiciones para investigar violaciones graves a los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. Eso es básicamente lo que va a pasar en esta primera etapa”, dice Himiob.
La administración de Maduro manejará su tesis de que en Venezuela si hay las garantías para que el Estado lleve a cabo una investigación seria en pro de los Derechos Humanos.
Ante esto el abogado Joel García responde que “la CPI actúa bajo el principio de la complementariedad. Es decir, el Estado tiene la prioridad de investigar y sancionar. La CPI interviene solo si en el Estado no se quiso investigar, no se sancionó bajo los estándares de investigación internacional, no se sancionó a los responsables o simplemente no tiene capacidad para hacerlo”.
El profesional del derecho quiso ser enfático al decir que independientemente, la CPI llevará una investigación separada y paralela.
En su momento y según lo firmado en el memorándum de entendimiento, la CPI igualmente abrirá una averiguación y la administración de Nicolás Maduro se comprometió a permitirle la investigación.
Lo que está en puertas
La fiscalía de la CPI deberá iniciar un proceso en donde debe determinar cuáles son los hechos a investigar específicamente a fondo en la primera etapa del proceso.
“Tiene que determinar en esos hechos quienes son las víctimas y quienes son los victimarios. De allí determinar entonces ¿cuáles son las diligencias de investigación, cuáles son las evidencias, pruebas que va a necesitar para determinar la verdad de esos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar?”, dijo Himiob.
Por los momentos no hay hechos concretos, tal y como lo dice el memorándum firmado el martes. No se puede hablar todavía de víctimas ni victimarios.
¿Qué podrá hacer Khan?
Según Joel García, en esta fase de investigación que recién comienza el fiscal podrá, amparado en lo establecido por el estatuto de Roma, “establecer la veracidad de los hechos. Ampliar toda la investigación; puede recabar las pruebas pertinentes para determinar si hay o no responsabilidad penal con respecto a una persona y todas esas circunstancias incriminantes o las que lo exoneren. También el fiscal podrá adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los criminales que estén siendo señalados”.
Además de las investigaciones dentro del país, Karim Khan podrá solicitar a la sala de cuestiones preliminares de la CPI, cualquier pronunciamiento. “Por ejemplo, una medida de prisión contra alguien si es necesario. Hacer comparecer personas ante un juzgado”.
Trabajo arduo
Las diferentes ONG y abogados involucrados en el expediente Venezuela I, deberán convertirse ahora en la voz de los denunciantes y acusados.
El Foro Penal manifiesta que su participación será muy importante. “Ya abierta como está la investigación hay que buscar la forma de que las víctimas estén debidamente representadas en el proceso. Esto hay que hacerlo con base en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma. Además, hay que hacerlo sobre la base de la determinación de la precisión. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serán por lo menos a nivel inicial los hechos que va a abarcar la investigación? Al menos por este momento”. Indica Himiob.
Joel García esboza que “como abogados de presos políticos seguiremos denunciando y documentando cada detención arbitraria. Lo elevaremos ante la CIDH ante la ONU y ante la CPI. Seguiremos atentos y vigilantes ante los procedimientos que se vayan a iniciar en Venezuela, para denunciar cualquier arbitrariedad”.
Vale destacar que actualmente en el país hay cuatro abogados que están facultados ante la Corte Penal Internacional, dos de ellos son Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, ambos miembros del Foro Penal. Esto no quiere decir que los demás profesionales del Derecho no tengan la suficiente capacidad como para afrontar un caso ante la organización judicial internacional.
Un poquito de historia
La Corte Penal Internacional es un organismo internacional independiente, que a pesar de haber nacido por la premisa de la Organización de las Naciones Unidas, la misma no pertenece a la ONU.
Fue creada en julio de 1998 y entró en vigencia en julio del 2002, tras la aprobación y firma de más de 130 países, entre ellos Venezuela. Fue el desaparecido presidente Hugo Chávez, el encargado de firmar por Venezuela ante el Estatuto de Roma.
Venezuela y la CPI
La nación no pasa a ser nombrada ante la CPI de manera consecutiva sino hasta el año 2014. Comienzan a recibir los primeros indicios de supuesta violación delos derechos fundamentales.
Durante las protestas de abril del 2017, diversas organizaciones se hacen eco de denuncias sobre torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y posibles ajusticiamientos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con el Grupo de Lima, y diversas ONG son los pilares de las denuncias.
El informe dela OEA del 2018 pide una averiguación por 131 muertes durante protestas, más de 15 mil detenciones arbitrarias.
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Además, habla de 192 casos de violencia sexual perpetrados supuestamente por policías y militares.
Aunado a esto, ante la CPI reposa un informe que indica que entre el 2014 y el 2020 hubo 18.093 asesinatos por parte de la fuerza pública.
Lo hecho por Maduro
Human Rights Watch reconoce que durante la gestión de Nicolás Maduro, con Tarek William Saab en la Fiscalía, han imputado 716 funcionarios de seguridad de Estado por violación de Derechos Humanos. A esta cifra le suman la detención de 40 civiles bajo el mismo delito.
Los casos notables
El número de expedientes sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y demás violaciones de DD.HH. en el país es considerable. Sin embargo, hay nombres que en la opinión pública nacional no pueden pasar por alto.
Es así como los casos de José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo, David Vallenilla; el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott, el piloto y comando Óscar Pérez; el exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, Rufo Chacón y Geraldine Moreno, entre otros, esperan que se haga justicia.
