La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana reiteró su preocupación por la propagación de la pandemia del COVID-19 en cárceles de Venezuela. Insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares a presos políticos, civiles y militares.
La abogada y directora de esta organización, Neida Pérez Morillo, sentenció que los ciudadanos, quienes mantienen tras las rejas, además de la injusticia de la que son víctimas, hoy corren grave peligro ante la posibilidad de brotes de esta enfermedad. Este señalamiento lo hizo a propósito del supuesto primer contagio en la cárcel militar Cenapromil, Ramo Verde.
“Como garantes y defensores de los Derechos Humanos solicitamos a los órganos competentes esclarecer si existen casos de coronavirus en centros penitenciarios y prestar la atención médica requerida para estos contagios, en apego y estricto cumplimiento del derecho a la salud del cual gozan todos los ciudadanos”, sentenció la jurista.
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En este sentido, reiteró la solicitud hecha, desde la declaración de cuarentena nacional en el país -en consonancia con los planteado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet- en que se permita a los privados de libertad resguardarse en sus hogares de la enfermedad que hoy agobia al planeta.
Pérez Morillo reiteró que el Estado venezolano está en la obligación de velar por la integridad física de todos los ciudadanos, y en razón de esto exigió atención urgente para la situación antes descrita.
